El agente interventor del Hospital Nazareth de Uribia, Larry Laza Barrios, anunció la apertura de investigaciones internas contra el personal de este centro asistencial, luego de que se difundiera un video en el que se observa la promoción de la candidatura presidencial de Iván Cepeda ante comunidades indígenas wayúu, utilizando para ello símbolos e insignias institucionales.
La controversia surgió a raíz de una denuncia exclusiva publicada por el diario EL COLOMBIANO, en la cual se reveló que personal vinculado a los Equipos Básicos de Salud del Ministerio de Salud, operando desde el hospital, habría realizado actividades de presunta pedagogía electoral en favor del dirigente del Pacto Histórico en diversas zonas rurales del departamento de La Guajira.
Según la información recopilada, funcionarios que portaban chalecos y gorras oficiales del Hospital Nazareth visitaron varias rancherías en la zona rural de Uribia durante los últimos días. En el marco de estas visitas, los servidores habrían reunido a habitantes de las comunidades wayúu con el propósito de instruirlos sobre la forma correcta de votar por Iván Cepeda, empleando para ello tarjetones y material publicitario asociado a la colectividad política del candidato.
Ante la gravedad de las imágenes, Larry Laza Barrios, como agente interventor de la entidad, emitió un comunicado oficial en el que manifestó un rechazo categórico a estos hechos. En el documento, el funcionario subrayó que la E.S.E. Hospital Nazareth en Intervención no tolera conductas de personas vinculadas contractualmente con la entidad que, haciendo uso de uniformes o distintivos institucionales, desarrollen actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud o que puedan interpretarse como manifestaciones de proselitismo político.
Laza Barrios aseguró enfáticamente que ninguna directiva, dependencia o servidor autorizado del hospital ha impartido instrucciones, autorizado o promovido actividades de carácter político-partidista utilizando la imagen de la institución o los recursos que están destinados estrictamente a las labores asistenciales y comunitarias. Asimismo, advirtió que cualquier comportamiento que comprometa la credibilidad, la imagen o el buen nombre del hospital será objeto de verificaciones exhaustivas y dará lugar a las medidas administrativas, contractuales y legales que correspondan según la normativa vigente.
La entidad enfatizó que su prioridad es garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y la prestación del servicio público de salud, buscando evitar que los recursos institucionales sean desviados hacia fines distintos a la atención de los usuarios.
Uno de los elementos probatorios más impactantes es una grabación realizada con un teléfono celular, en la cual se observa al personal del centro asistencial dirigiéndose a los miembros de las comunidades indígenas en idioma wayunaiki. En el video, una de las personas que lidera la jornada pregunta directamente a los asistentes: “Aquí estamos mostrando con quién tenemos que trabajar. Ahora, ¿con quién?”. Ante la pregunta, tanto los líderes de la actividad como los presentes responden al unísono: “Cepeda”.
Este caso ha generado profundos cuestionamientos debido a la naturaleza jurídica del Hospital Nazareth, que actualmente se encuentra intervenido por el Gobierno Nacional y es parte fundamental de la red pública de salud que atiende a las poblaciones más apartadas de La Guajira. Cabe destacar que este mismo centro asistencial ha sido beneficiario de entregas por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, incluyendo embarcaciones diseñadas para la atención de emergencias médicas y el traslado de pacientes por vía marítima, dada la compleja conectividad terrestre de la región.
El escándalo se produce en un momento de intenso debate nacional sobre la participación de los servidores públicos en la política electoral. Actualmente, la situación es crítica en diversas instancias del Estado, ya que seis ministros y más de 140 servidores públicos enfrentan procesos disciplinarios por presunta participación indebida en actividades políticas.
A este panorama se suma la reciente decisión del Consejo de Estado, que ordenó al presidente Gustavo Petro abstenerse de difundir propaganda electoral. El alto tribunal determinó que el mandatario utilizó su cuenta personal en la red social X para publicar contenidos que favorecían a su movimiento político. En este contexto, el episodio del Hospital Nazareth se suma a la lista de casos que ponen bajo la lupa los límites entre la gestión de los recursos públicos y la actividad proselitista en instituciones encargadas de servicios esenciales.
