Un grupo de legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza y al PRO ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca del arancelamiento de los servicios de salud y educación destinados a ciudadanos extranjeros en los establecimientos que dependen de la provincia de Buenos Aires. Para ello, presentaron un proyecto formal ante la Cámara de Diputados con el objetivo de implementar el cobro de estas prestaciones a aquellas personas que no puedan acreditar una residencia permanente en el país.
La iniciativa cuenta con el impulso de varios diputados del espacio libertario, entre ellos Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Geraldine Calvella y Gastón Abonjo, sumándose también el legislador del PRO Alejandro Rabinovich. El proyecto propone la creación de un régimen de arancelamiento específico para las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos provinciales, así como un sistema de retribuciones para los estudios de grado cursados en universidades provinciales de gestión estatal, aplicable exclusivamente a extranjeros sin residencia permanente.
En lo que respecta a la atención en los hospitales públicos, la propuesta establece que la prestación médica deberá ser solventada mediante un seguro de salud. No obstante, el proyecto contempla una cláusula de salvaguarda para situaciones críticas: en casos de urgencias, se garantiza que ninguna persona será rechazada, demorada o condicionada si su vida se encuentra en riesgo. En tales circunstancias, la atención será prioritaria y el eventual recupero de los costos se tramitará una vez que el paciente haya sido estabilizado.
Para aquellos extranjeros que posean una residencia temporaria o transitoria, una autorización precaria o que no cuenten con una categoría migratoria vigente, el proyecto exige que acrediten un seguro de salud, cuenten con la cobertura de un tercero obligado o cancelen el arancel correspondiente antes de recibir cualquier tipo de atención médica que sea habitual o programada.
En cuanto a la operatividad del sistema, el Ministerio de Salud bonaerense, a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), sería el encargado de publicar el nomenclador arancelario. Asimismo, los centros de salud tendrán la responsabilidad de registrar cada prestación, identificar al sujeto obligado al pago y emitir la liquidación correspondiente. El orden de cobro priorizará a las aseguradoras, obras sociales, terceros obligados o Estados extranjeros que tengan convenios vigentes; solo en ausencia de estas opciones, el cobro se efectuará directamente contra el paciente.
El proyecto no es indiscriminado, ya que establece excepciones claras. Quedarán exentos del cobro las personas que sean víctimas de trata de personas, así como todas aquellas acciones vinculadas a la prevención de enfermedades, citando como ejemplo los procesos de vacunación. Además, se especifica que la totalidad de los recursos recaudados a través de este sistema se destinarán a la mejora de la infraestructura hospitalaria y a la adquisición de insumos médicos.
En el ámbito educativo, la propuesta busca establecer retribuciones por los estudios de grado para estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. El proyecto delega en cada órgano de gobierno universitario la facultad de fijar el monto del arancel correspondiente. Es fundamental señalar que, al tratarse de un proyecto de ámbito provincial, la medida no afectaría a las casas de estudio de jurisdicción nacional, como es el caso de la Universidad Nacional de La Plata y otras 20 instituciones, ni tampoco alcanzaría a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Las instituciones que sí estarían comprendidas bajo este régimen son la Universidad Provincial del Sudeste y la Universidad Provincial de Ezeiza.
Para garantizar la transparencia, el proyecto exige que tanto el Ministerio de Salud como las universidades involucradas publiquen anualmente datos detallados. Esta información deberá incluir la cantidad de prestaciones brindadas y estudiantes alcanzados, los montos facturados y percibidos, los costos administrativos y el destino final de los recursos obtenidos.
Finalmente, la iniciativa invita a los municipios que administren hospitales o centros sanitarios a adherirse a esta ley. Este debate sobre el arancelamiento a extranjeros ha recobrado fuerza tras la asunción de Javier Milei, habiéndose manifestado con especial intensidad en el ámbito universitario durante los recientes conflictos presupuestarios entre la Nación y las instituciones de educación superior.
