El panorama jurídico en Honduras se torna complejo ante el inminente retorno al país del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ejerció el mando ejecutivo entre los años 2014 y 2022. En este contexto, el abogado penalista y exjuez de la República, Félix Ávila, ha emitido una serie de advertencias legales críticas sobre las posibles repercusiones financieras que el Estado hondureño podría enfrentar, específicamente en relación con el caso denominado Pandora II.
De acuerdo con la información disponible, el exmandatario retornará a territorio hondureño el próximo domingo. Este regreso es posible gracias a un indulto otorgado por Donald Trump en los Estados Unidos, medida que pone fin a su condena en aquel país por diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Al respecto, Félix Ávila señaló que el retorno de Hernández Alvarado es viable desde el punto de vista procesal estadounidense, ya que el exmandatario ya no tiene obligaciones pendientes de rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos.
Sin embargo, el núcleo de la preocupación legal radica en los procesos que aún permanecen abiertos en Honduras. Ávila analizó la situación del expresidente frente a la justicia local, reconociendo que cualquier movimiento relacionado con Hernández genera una fuerte polarización y polémica dentro de la sociedad hondureña debido a la investidura que ostentó.
En cuanto al procedimiento inmediato que seguirá el exmandatario al pisar suelo nacional, el experto legal vislumbró que es probable que reciba medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Esta valoración se fundamenta en la voluntad manifestada por Hernández de presentarse voluntariamente a la audiencia de declaración de imputados. Según Ávila, en el ámbito del derecho penal, cuando un procesado muestra disposición de someterse al proceso, es común que se dicten medidas que eviten la privación de libertad.
El abogado enfatizó que, en el curso de estos procesos, existe la posibilidad de que se dicte un sobreseimiento, ya sea de forma provisional o definitiva, tal como ocurre en diversos casos judiciales. No obstante, es precisamente en este punto donde Ávila lanza una alerta severa al Estado. Si el expresidente Juan Orlando Hernández recibe un sobreseimiento en el caso Pandora II, el Estado se vería obligado legalmente a devolver la totalidad de los bienes que fueron incautados durante el proceso.
La advertencia se vuelve más crítica si los bienes ya no están disponibles. Félix Ávila explicó que, en el caso de que el Estado haya vendido las propiedades o que estas hayan perecido o desaparecido, la ley obligaría a la administración pública a pagar las respectivas indemnizaciones económicas al exmandatario. El profesional del derecho lamentó que las autoridades actuales no hayan actuado con la debida diligencia, sugiriendo que no se han amparado correctamente en la ley para verificar la legitimidad de las propiedades antes de proceder con las incautaciones.
Ante este escenario, el exjuez exigió que, si se llega al punto de resolver la devolución de los bienes, se realice una revisión exhaustiva y profunda de la Ley de Privación de Dominio. Asimismo, instó a evaluar el comportamiento y el desempeño de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial durante el manejo de estos expedientes.
Finalmente, Ávila calificó como una situación "injusta" el hecho de que los ciudadanos hondureños tengan que cargar con el costo de estas posibles indemnizaciones. El abogado subrayó que sería un perjuicio directo al erario público si los tributos pagados por la población terminaran siendo utilizados para compensar económicamente al expresidente debido a errores procesales o falta de rigor legal en la gestión de los bienes incautados.
