La relación entre la academia y el Poder Ejecutivo en México ha generado una nueva controversia tras el enfrentamiento público entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la abogada, académica e influencer Natalia Torres. El conflicto se originó a partir de una propuesta realizada por Torres, quien sugirió que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería implementar sesiones informativas o exámenes de conocimientos básicos sobre la división de los Poderes de la Unión y las funciones de los servidores públicos como requisito o complemento para el acceso al derecho al voto.
Durante la conferencia matutina, denominada "Mañanera del Pueblo", la mandataria federal mostró un videoclip con las declaraciones de la académica y rechazó categóricamente la iniciativa. Sheinbaum calificó la propuesta de Torres como "absurda, antidemocrática, regresiva, porfirista, conservadora y, la verdad, fuera de la realidad". La presidenta subrayó que el voto es un derecho de acceso universal y que, bajo el marco legal actual, todos los ciudadanos son iguales ante la ley para elegir a quienes gobiernan el país.
Ante estas alusiones personales, Nat Torres publicó un video en sus redes sociales donde ejerció su derecho de réplica. En el material, la abogada se declaró víctima de ataques coordinados en medios de comunicación afines al gobierno federal. Torres fue enfática al señalar que sus opiniones son estrictamente a título personal, aclarando que sus palabras no representan la postura de la Universidad Panamericana ni de ningún partido político de la oposición. “No me van a callar y no me van a intimidar, a silenciar [...] Tengo todo el derecho de expresar mis ideas, por malas o buenas que puedan ser”, afirmó la académica.
Más allá de la discrepancia ideológica, Torres llevó la denuncia al plano administrativo y penal. Señaló que la participación de funcionarias y figuras Morenistas, específicamente Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora, para presuntamente desprestigiarla y hostigarla en su calidad de ciudadana, constituye un uso indebido de recursos públicos. Según la abogada, estas acciones ameritan responsabilidades administrativas y podrían derivar en responsabilidades penales.
Asimismo, Natalia Torres aprovechó su espacio de comunicación para deslindarse de otras propuestas mencionadas en la conferencia presidencial. Negó cualquier vínculo con la sugerencia del panista Javier Albarrán sobre implementar un “voto por familia”, así como con las corrientes del fenómeno “tradwife” en Estados Unidos, el cual busca restringir el sufragio femenino.
La situación ha provocado una serie de reacciones en el espectro político. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expresó su solidaridad con Torres a través de redes sociales, calificando lo sucedido como "ataques sistemáticos del régimen" y lamentando que no se toleren las opiniones divergentes. Por su parte, Paulina Rubio, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, calificó la postura de la abogada como "congruente y valiente" al asumir la responsabilidad personal de sus ideas. Rubio criticó que se utilice el aparato del Estado para atacar a una ciudadana sin cargo público, contrastando esto con las declaraciones del Secretario de Educación, Mario Delgado, sobre la enseñanza en las escuelas.
En la misma línea, Karla María Estrella, ciudadana que anteriormente fue obligada a disculparse con la legisladora Diana Karina Barreras, señaló que el uso de la conferencia matutina, financiada con fondos públicos, para acosar a una ciudadana y distraer la atención de temas graves constituye un "claro acto de censura".
Desde el lado oficialista, la respuesta fue contundente. Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, calificó las ideas de Nat Torres como "retrógradas, importadas y contrarias a conquistas democráticas". Hernández Mora insistió en que el valor de cada voto es exactamente el mismo para todas las personas, rechazando cualquier examen de conocimiento o restricción de género en el sufragio, argumentando que tales medidas crearían ciudadanos de primera y de segunda clase.
Finalmente, el político Pedro Kumamoto también se manifestó sobre el tema, posicionándose firmemente en contra de cualquier medida que limite el derecho al voto basándose en el conocimiento de la división de poderes, reafirmando la naturaleza universal del sufragio en México.
