Desde hace más de 45 días, un numeroso grupo de efectivos de la policía de Santa Cruz, integrado tanto por agentes en servicio como por retirados, mantiene un acampe permanente frente al edificio de la gobernación en Río Gallegos. La medida de fuerza tiene como eje central el reclamo por mejoras salariales, ante una situación económica que, según denuncian los manifestantes, ha colocado sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
A diferencia de otras protestas policiales ocurridas en el país, como el acuartelamiento registrado en Santa Fe en febrero de este año, los agentes santacruceños han optado por una modalidad distinta. Han decidido mantener guardias mínimas para no desatender completamente la seguridad, pero al finalizar sus turnos se trasladan inmediatamente a las carpas instaladas frente a la sede gubernamental. A pesar de la diferencia en la modalidad, el fondo del reclamo es idéntico: la incapacidad de cubrir las necesidades básicas con el sueldo actual.
Las condiciones en las que se desarrolla la protesta son extremas debido al clima patagónico. Este martes, la temperatura mínima descendió a los 10 grados bajo cero, con una sensación térmica que alcanzó los 17 grados bajo cero. Para sobrevivir al frío intenso, los policías deben cortar ramas para encender fogatas, mientras exigen que el gobierno provincial reabra los canales de diálogo.
Diego Rodríguez, mayor retirado de la fuerza, puso cifras concretas sobre la crisis económica que atraviesan los agentes. Según Rodríguez, un policía de Santa Cruz percibe actualmente sumas que oscilan entre los 900.000 y 1.100.000 pesos. Estas cifras contrastan drásticamente con el costo de la canasta básica en el sur del país, que se estima en unos 2.200.000 pesos, situando a los efectivos formalmente bajo la línea de la pobreza.
En respuesta a la situación, el gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que eleva el piso salarial para los ingresantes a 1.700.000 pesos. Sin embargo, esta medida ha resultado insuficiente para el grueso de los manifestantes, quienes mantienen la demanda de alcanzar los 2,2 millones de pesos. Además, exigen que cualquier aumento no se limite únicamente a los agentes en servicio, sino que se extienda también a los retirados y pensionados de la fuerza.
Este decreto gubernamental provocó una división en el movimiento. En localidades como Perito Moreno, la medida de fuerza fue levantada, y se registran pocos manifestantes en Puerto San Julián y Piedrabuena. No obstante, la protesta persiste con fuerza en El Calafate y Pico Truncado, y especialmente en la capital, Río Gallegos, donde se afirma que está plegado casi el 100% de la fuerza.
La crisis es tal que muchos agentes se han visto obligados a buscar ingresos adicionales. Según relata Rodríguez, el costo de vida es tan elevado que incluso comisarios y subcomisarios trabajan como conductores de Uber, albañiles o se dedican a la venta de tortas para poder subsistir. En el caso de los subcomisarios, existe una restricción reglamentaria que les impide realizar horas adicionales, por lo que han recurrido a presentar notas solicitando autorización para sumar ingresos extra a sus salarios.
La protesta ha adquirido un rostro trágico con la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo. A fines de junio, Trujillo fue atropellado por una persona en estado de ebriedad en la Ruta Provincial 12, mientras se dirigía a realizar horas adicionales para complementar su salario en Cañadón Seco. El agente agonizó durante tres días antes de morir, convirtiéndose en un símbolo del reclamo; sus familiares y compañeros han marchado con pancartas en su memoria.
Desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, ha manifestado que en los últimos 30 días se realizaron ocho reuniones y se presentaron 15 propuestas salariales. No obstante, el Ejecutivo se resiste a denominar estas instancias como "paritarias", argumentando que la policía no posee un gremio.
La tensión ha escalado recientemente con la acción de dos agentes que se encadenaron a la entrada lateral de la gobernación. A medida que la negociación se traba, ha surgido entre los policías el temor a posibles sanciones administrativas. Por ello, han sumado a su pliego el pedido de que no haya represalias. Sin embargo, el ministro Pródromos ha sido tajante al rechazar cualquier posibilidad de amnistía, afirmando que la medida no es legal según el reglamento y que no habrá perdones para quienes encabezan el acampe.
En el acampe no solo se encuentran policías, sino también bomberos, mujeres de la fuerza y miembros del servicio penitenciario, todos unidos bajo el mismo reclamo salarial frente a la firmeza del gobierno provincial.
