A diez días del reciente cambio de gabinete, el análisis sobre los desafíos que enfrenta el nuevo ministro de Seguridad Pública, el señor Arrau, cobra una relevancia fundamental. El debate público se ha centrado en la necesidad de desarrollar un plan de seguridad y definir las orientaciones básicas que deben guiar la gestión de esta cartera, un tema que, según diversas reflexiones, no ha sido abordado con la profundidad necesaria en el ámbito político reciente.
Es imperativo recordar que el Ministerio de Seguridad Pública es una institución de creación reciente, con poco más de un año de instalación. Durante este periodo inicial, se ha trabajado en la construcción de una nueva institucionalidad que, por su naturaleza, requerirá de varios años para consolidarse plenamente. En este escenario, una de las tareas prioritarias del nuevo ministro será otorgar continuidad a este proceso, reconociendo los avances ya alcanzados.
Uno de los pilares fundamentales de este avance es la existencia de la Política Nacional de Seguridad Pública para el periodo 2025-2031, la cual fue publicada en el Diario Oficial en enero de 2026. El desarrollo de este documento no respondió a un capricho de la administración anterior, sino al cumplimiento de un mandato legal explícitamente establecido en la ley n.° 21.730 que creó el ministerio. Dicha ley contó con un amplio consenso y aprobación política, lo que subraya su importancia como base institucional.
En este contexto, ha resultado llamativo que el debate político no haya tomado esta Política como el punto de partida natural. Incluso, la actual administración pareció ignorar su existencia inicialmente, una situación que afortunadamente ha sido subsanada en días pasados por el ministro Arrau. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley n.° 21.730, cualquier plan o estrategia de seguridad debe estar alineado con esta Política; se trata de un deber legal y no de una facultad discrecional de la autoridad política. El objetivo del legislador fue asegurar que la estrategia de seguridad se proyectara en el tiempo, trascendiendo las contingencias políticas momentáneas para convertirse en una verdadera política de Estado.
Si bien el ministro Arrau puede imprimir su propio sello a la gestión, la ley le exige desarrollar una estrategia de implementación y evaluación cada dos años, la cual debe ser coherente con los objetivos de la Política Nacional. Esta estructura es clave para garantizar la rendición de cuentas y el control público, ya que la normativa exige la identificación de indicadores, metas, responsables y plazos concretos. Asimismo, el ministerio tiene la tarea pendiente de elaborar las políticas sectoriales mandatadas por ley, específicamente en materias críticas como el terrorismo y la ciberseguridad.
Otro desafío crucial radica en evitar la confusión entre un plan estratégico y una agenda extensa de reformas legales. Existe el riesgo de depositar una confianza excesiva en la ley para resolver problemas que son, en esencia, de gestión, coordinación o deficiencias en la capacidad profesional y estratégica. La creación del ministerio precisamente buscó dotar al Estado de una arquitectura institucional capaz de resolver estos problemas sin depender exclusivamente de nuevas iniciativas legislativas.
Para que una ley sea una solución efectiva de política pública, debe ir acompañada de una estrategia compleja que incluya diagnósticos fundados, propuestas basadas en evidencia, un plan de implementación adecuado y un programa de seguimiento. La ausencia de estos elementos explica, en gran medida, el escaso impacto de diversas reformas legales adoptadas en años recientes.
En cuanto al volumen legislativo, los datos desmienten la idea de una "sequía" de leyes en seguridad. Según cifras de la Fundación Piensa, entre 2016 y 2025 se presentaron 1.014 proyectos de ley en el área. Solo entre 2022 y 2025, se presentaron 635 proyectos (un promedio superior a 158 anuales), de los cuales se aprobaron 76. Esta producción legislativa es dos o tres veces superior a la de las décadas previas desde 1990. Por lo tanto, el problema no es la falta de leyes, sino la proliferación de estas sin un marco estratégico que las articule coherentemente.
Finalmente, es fundamental no confundir una estrategia de seguridad con un conjunto de acciones aisladas. Recientemente, algunos sectores han intentado justificar la falta de un plan enumerando operativos policiales. Esta visión es incorrecta, pues las acciones que no se enmarcan en una estrategia compleja corren el riesgo de ser meros "voladores de luces" sin impacto real. Del mismo modo, una estrategia sin acciones concretas es inútil. Ambas deben encajar como piezas de un puzle para construir una imagen coherente.
El Ministerio de Seguridad Pública debe asumir su función de conducción estratégica y coordinación sectorial e intersectorial. El riesgo latente es que la urgencia de los problemas de seguridad seduzca al ministerio hacia acciones de corto alcance, como encabezar operativos policiales o liderar querellas judiciales en los medios, labores para las cuales el Estado ya dispone de organismos responsables. Se espera que la señal de continuidad dada por el ministro Arrau se mantenga y profundice para evitar que la institución se desvíe de su propósito estratégico.
