La Fiscalía Local de Punta Arenas ha iniciado una investigación penal con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de un subsidio habitacional en la región de Magallanes. El beneficio fue otorgado a Susan Liliana Chicuy Godoy, quien es la pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme. La indagatoria se centra en la posibilidad de que se hayan omitido antecedentes fundamentales de carácter socioeconómico y patrimonial durante el proceso de postulación.
El origen de esta causa judicial se remonta a una denuncia formal interpuesta por Omar González Asenjo, quien se desempeña como director subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes. De acuerdo con la información proporcionada, la denuncia alerta sobre la omisión de datos personales y socioeconómicos críticos que fueron necesarios para la obtención del beneficio habitacional, el cual corresponde específicamente al proyecto denominado Estepa Austral I.
En el oficio remitido al Ministerio Público, el Serviu detalla que Susan Chicuy habría omitido la declaración de sus ingresos reales. Esta acción habría tenido un impacto directo en la evaluación realizada a través del Registro Social de Hogares (RSH), herramienta fundamental para determinar la vulnerabilidad de los postulantes y, por ende, la correcta asignación de los recursos públicos destinados a la vivienda. Según el documento, esta falta de transparencia incidió directamente en los resultados del proceso de adjudicación.
La denuncia sostiene que, mediante la omisión de información, la postulante logró situarse en una condición de "déficit habitacional alto" y en situación de "hacinamiento". Este estado de vulnerabilidad fue posible, según los antecedentes, debido a que la señora Chicuy habría omitido declarar en su núcleo familiar a su pareja y padre de sus hijos, el actual diputado Alejandro Riquelme, quien al momento de los hechos se desempeñaba como consejero regional.
El análisis técnico incluido en el documento entregado a la Fiscalía es categórico al señalar que, de haberse informado correctamente la situación patrimonial y los ingresos reales del grupo familiar, la postulante no habría cumplido con los requisitos necesarios para obtener el subsidio. Esto se debe a que, con la información completa, Susan Chicuy no habría estado dentro del segmento de la población más vulnerable del país, que es el grupo objetivo para este tipo de beneficios estatales.
La responsabilidad de dirigir la investigación ha recaído en la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien ya ha instruido la ejecución de las primeras diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existió un delito en la obtención del beneficio. Por su parte, la Fiscalía Regional de Magallanes ha confirmado la apertura de la causa penal, aunque ha mantenido reserva sobre los detalles específicos de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo en este momento.
Como parte de los antecedentes que rodean el caso, se ha señalado la existencia de diversas sociedades compartidas entre el diputado Alejandro Riquelme y Susan Chicuy. Entre estas entidades legales se encuentran Magallania Capacitaciones Limitada, Magallania SpA, Magallania Asesorías Limitada y Cannabimed Agroproductos y Laboratorios SpA, datos que aportan contexto sobre la situación patrimonial de la pareja mencionada en la denuncia.
Desde el ámbito gubernamental, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que fue él quien instruyó al Serviu para que presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Esta acción administrativa y legal se concretó el pasado 8 de mayo, una vez que se detectaron las posibles anomalías en la postulación al proyecto Estepa Austral I.
En relación con estas acusaciones, el diputado Alejandro Riquelme ha salido al paso para descartar cualquier tipo de irregularidad. El parlamentario sostuvo que el hecho de que exista una investigación no implica necesariamente culpabilidad, irregularidad ni responsabilidad alguna de su parte o de su pareja. Asimismo, Riquelme afirmó que la filtración de estos antecedentes judiciales coincide temporalmente con un aumento en las fiscalizaciones de proyectos habitacionales en la región de Magallanes, sugiriendo un contexto particular detrás de la difusión de la noticia.
