El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha emitido una convocatoria formal este miércoles dirigida a los sectores sindicales y campesinos que actualmente mantienen diversas protestas y bloqueos en múltiples regiones del territorio nacional. El mandatario instó a estas organizaciones a iniciar un proceso de diálogo con el Gobierno, aunque acompañó la invitación con una advertencia clara: en caso de que no se logre alcanzar un acuerdo satisfactorio, el Estado procederá a utilizar los “instrumentos constitucionales” disponibles para enfrentar la crisis social que atraviesa el país.
Durante un mensaje oficial, el presidente Paz Pereira subrayó la urgencia de resolver la situación, declarando explícitamente: “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”. Estas palabras se producen en un contexto de alta conflictividad, donde ya se contabilizan 27 días consecutivos de marchas y cortes de rutas que han afectado la movilidad y la normalidad en diversas zonas. El jefe de Estado aseguró que el Gobierno ya dispone de respuestas concretas para atender los reclamos presentados por las organizaciones campesinas y sindicales, razón por la cual reiteró la invitación a instalar una mesa de diálogo.
En una acción paralela a la convocatoria, el mandatario promulgó la Ley 1732, la cual fue aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. Esta nueva normativa tiene como objetivo principal dejar sin efecto la Ley 1341 de Estados de Excepción, la cual se encontraba vigente desde el año 2020. Según se detalla, la ley anterior limitaba la implementación de medidas extraordinarias en situaciones de conflictividad social. Con la entrada en vigor de la Ley 1732, el Gobierno sostiene que el Estado contará ahora con mayores herramientas legales para actuar ante escenarios de crisis social, otorgando al presidente Rodrigo Paz la vía legal necesaria para decretar un estado de excepción si así lo considera pertinente.
Respecto al impacto de las movilizaciones, el presidente cuestionó duramente la estrategia de los bloqueos, argumentando que estas acciones afectan a la población en general. En este sentido, sostuvo que “aquel que le hace daño a otro boliviano no ama a la patria”, vinculando la estabilidad del país con el cese de las interrupciones viales.
El conflicto, que ha escalado en las últimas semanas, se originó inicialmente con demandas relacionadas a reclamos salariales y pedidos sectoriales específicos. Sin embargo, con el paso de los días, las movilizaciones derivaron en cuestionamientos políticos directos contra la gestión del Ejecutivo. La composición de los sectores movilizados es amplia, integrando a sindicatos campesinos, representantes indígenas, maestros, trabajadores mineros y diversas juntas vecinales.
La magnitud de las protestas ha sido cuantificada por la Administradora Boliviana de Carreteras, cuyos datos indican que permanecen activos al menos 70 puntos de bloqueo. Estas interrupciones se concentran en cinco de los nueve departamentos del país, afectando principalmente a la región occidental.
Por otro lado, el mandatario aprovechó su intervención para rechazar categóricamente las denuncias que circulan sobre una supuesta privatización de empresas estatales y posibles aumentos en los costos de los servicios básicos. Ante estas acusaciones, Paz Pereira desafió a los manifestantes a salir al espacio público y explicar detalladamente los motivos reales que sustentan sus protestas.
A pesar de la convocatoria oficial y las advertencias del Ejecutivo, hasta el momento los sectores movilizados no han emitido una respuesta formal al llamado del Gobierno. Esta ausencia de comunicación mantiene la incertidumbre sobre la posibilidad de iniciar una negociación efectiva que permita desactivar los puntos de bloqueo y reducir los niveles de tensión social que predominan actualmente en Bolivia.
