En un esfuerzo legislativo por fortalecer el marco jurídico de protección a los sectores más vulnerables de la sociedad, la diputada Tania Eréndira Meza Escorza presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo una iniciativa orientada a modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El objetivo central de esta propuesta es implementar medidas contundentes contra la violencia patrimonial, un fenómeno que afecta la estabilidad económica y la seguridad jurídica de los ciudadanos en edad avanzada.
La iniciativa presentada por Meza Escorza busca adicionar diversas disposiciones legales que permitan crear mecanismos institucionales robustos. Estos mecanismos estarían diseñados para la prevención, orientación, asesoría, denuncia y atención integral frente a diversas modalidades de abuso. Entre las conductas que se pretenden combatir se encuentran los abusos económicos, los fraudes, la manipulación, el despojo y cualquier forma de aprovechamiento indebido del patrimonio perteneciente a las personas adultas mayores.
De acuerdo con la exposición de motivos que acompaña al documento, la finalidad primordial es garantizar que este sector de la población pueda gozar de autonomía, seguridad jurídica y, fundamentalmente, el derecho a una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones. La legisladora enfatiza que la protección del patrimonio no es solo una cuestión económica, sino un pilar esencial para asegurar la dignidad en la vejez.
Para sustentar la urgencia de estas medidas, el documento advierte sobre la realidad demográfica actual y futura de México. El envejecimiento de la población se ha identificado como uno de los retos sociales y demográficos más significativos del país. Según los datos integrados en la iniciativa, actualmente existen 17.1 millones de personas mayores en el territorio nacional, lo que representa el 12.8 por ciento de la población total. Sin embargo, las proyecciones indican una tendencia creciente, estimando que para el año 2070, este sector podría representar hasta el 34.2 por ciento de la población nacional.
Un punto crítico resaltado por la diputada es que la violencia patrimonial no suele ser un acto externo, sino que ocurre frecuentemente dentro del ámbito familiar. La propuesta señala que hijos, hijas o personas del círculo cercano suelen aprovechar los vínculos de confianza o el estado de vulnerabilidad de los adultos mayores para apropiarse de bienes inmuebles, terrenos, ahorros o pensiones. Entre las prácticas más comunes y alarmantes que se pretenden erradicar se encuentran las firmas forzadas en documentos legales, la modificación de testamentos bajo presión psicológica, el retiro de recursos bancarios sin el consentimiento del titular y el control indebido de los ingresos mensuales.
Para operativizar estas protecciones, la iniciativa plantea la adición del artículo 31 Ter a la legislación estatal. Este artículo establecería que el Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo sea el encargado de implementar, en coordinación con otras autoridades competentes, un Protocolo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Patrimonial. Este protocolo serviría como la herramienta técnica para prevenir, detectar, atender y canalizar oportunamente cualquier acto de abuso económico o despojo que afecte el bienestar de los adultos mayores.
En el marco de la misma sesión legislativa, se presentó otra iniciativa complementaria en materia de justicia penal. El diputado Miguel Moreno Zamora propuso un proyecto de decreto para reformar los artículos 218 y 219 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, específicamente en lo relacionado con el delito de despojo.
La propuesta de Moreno Zamora busca endurecer las sanciones para quienes incurran en esta conducta. Se plantea modificar el artículo 218 para establecer penas que oscilen entre los dos y los seis años de prisión, además de multas que van desde los cien hasta los trescientos días.
Además de la pena base, el legislador propone la inclusión de agravantes específicas para elevar la punibilidad en casos de mayor gravedad. Estas agravantes se aplicarían cuando el despojo se cometa mediante el uso de la violencia, cuando afecte terrenos de labor destinados a la producción de alimentos o potreros, y cuando las víctimas sean personas con discapacidad o adultos mayores. Asimismo, se consideraría un agravante si la ocupación indebida afecta instalaciones diseñadas para prestar servicios públicos.
El diputado justificó estas reformas argumentando la necesidad de reconocer que no todas las conductas de despojo poseen el mismo nivel de gravedad. Con este ajuste legal, el Estado de Hidalgo buscaría fortalecer la protección hacia aquellos sectores que se encuentran en una condición de vulnerabilidad, asegurando que la ley responda con mayor rigor ante los abusos cometidos contra los más indefensos.
