El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, vivió una situación dramática tras recuperar parcialmente su libertad. Después de permanecer dos años privado de libertad como preso político, Breijo recibió el beneficio de casa por cárcel. Sin embargo, al intentar regresar a su hogar, descubrió que un efectivo de la policía había invadido su apartamento, dejándolo en una condición de vulnerabilidad absoluta al carecer tanto de libertad plena como de un techo donde residir.
La situación de Breijo fue expuesta en redes sociales por Carlos Julio Rojas, otro antiguo preso político y periodista. La indignación generada por la difusión del caso provocó que funcionarios de la Presidencia de la República intervinieran en la madrugada del miércoles 27 de mayo. El objetivo de la acción fue devolverle la propiedad al ciudadano, quien hasta ese momento se encontraba durmiendo sobre un colchón ubicado en las áreas comunes del edificio.
A pesar de la recuperación del inmueble, el periodista Carlos Julio Rojas señaló que la situación no ha sido resuelta en su totalidad. Rojas declaró que ahora exigen la devolución de todas las pertenencias del preso político que fueron sustraídas de la vivienda. Asimismo, solicitó que el Ministerio Público inicie una investigación formal contra el funcionario policial implicado en la invasión, a quien calificó de corrupto.
El caso de José Breijo no se considera un hecho aislado, sino que confirma una práctica que ha sido denunciada y documentada por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Según estos reportes, existen casos donde personas no solo son privadas de su libertad por motivos políticos, sino que también son víctimas del despojo de sus bienes materiales sin que exista una orden judicial que respalde dichas acciones.
Un ejemplo reciente de este patrón es el del exdiputado opositor Williams Dávila. Dávila, quien pasó aproximadamente un año y medio privado de libertad, denunció a través de sus redes sociales el estado de su vehículo. El exdiputado señaló que, al momento de su captura en agosto de 2024, el automóvil se encontraba en plenas condiciones; no obstante, el 19 de mayo se lo entregaron en una grúa, totalmente desvalijado.
Dávila afirmó que este tipo de acciones forman parte del contexto de las violaciones a los Derechos Humanos. Debido a esto, el exdiputado acudió al Palacio de Justicia para exigir una indemnización, recordando que otros presos políticos también han sufrido el robo de sus pertenencias y la destrucción de sus viviendas durante la ejecución de allanamientos.
Otra denuncia similar fue presentada por el exministro Andrés Izarra, colaborador de Hugo Chávez que se encuentra en el exilio. Izarra declaró al portal Runrunes en marzo de 2023 que el "madurismo" arremetió contra él y sus allegados, quitándoles todas sus propiedades. Específicamente, mencionó la casa en Caraballeda que su esposa, Isabel, heredó de su abuelo. Según Izarra, dicha propiedad es ahora ocupada por una mujer vinculada a un comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quien publica fotografías desde el lugar en sus redes sociales. De hecho, en julio de 2023, el entonces jefe de la DGCIM, Iván Hernández Dala, celebró su boda en esa misma casa de playa.
Esta problemática fue profundizada en un reportaje del sitio de investigación ArmandoInfo publicado en 2024. La investigación expuso que muchas personas sufren una agresión doble por parte del Estado: la pérdida del derecho a vivir en su país y el despojo de sus bienes. El modus operandi descrito indica que comitivas de la DGCIM, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) o la Policía Nacional Contra La Corrupción (PNCC) ingresan a propiedades deshabitadas de perseguidos políticos en el exilio sin órdenes de allanamiento. Una vez dentro, revisan y extraen todo el contenido. Vecinos de las víctimas han denunciado que los funcionarios se llevan vehículos, computadoras e incluso cajas con ropa y juguetes.
En el ámbito legislativo y político, en noviembre de 2024, la diputada y miembro de la dirección del PSUV, Iris Varela, manifestó en una entrevista que no podía aceptar que María Corina Machado tuviera viviendas, bienes o empresas bajo su titularidad o disposición en el país. Coincidiendo con estas declaraciones, la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, sancionó la Ley Orgánica Simón Bolívar, la cual contempla la extinción de dominio como castigo para quienes sean considerados "traidores a la patria".
