Los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini han resuelto, mediante asambleas internas, llevar a cabo la toma de ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La determinación fue adoptada este martes tras una serie de debates en los que participaron decenas de alumnos, quienes establecieron que la medida tiene como objetivo central exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según explicaron los sectores estudiantiles, esta decisión representa una respuesta directa a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional. Los alumnos argumentan que estas medidas impactan negativamente tanto en los salarios del cuerpo docente como en el mantenimiento general de la infraestructura educativa de ambas instituciones. La protesta está programada para comenzar durante la noche de este martes, inmediatamente después de finalizar el turno vespertino, y se desarrollará bajo la modalidad de ocupación con presencia permanente de los estudiantes en los edificios.
A pesar de la toma, el dictado de clases no se verá interrumpido de manera total. De acuerdo con lo resuelto en las asambleas, se ha establecido que cada alumno podrá optar por adherirse o no a la medida de fuerza. Para aquellos que participen, se organizarán clases públicas en el marco de la protesta, las cuales funcionarán como reemplazo de la actividad académica habitual. Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, señaló en diálogo con el medio A24 que la voluntad de la comunidad estudiantil es visibilizar la crisis actual y defender la educación pública, subrayando que la continuidad de la ocupación será evaluada diariamente en asambleas.
El núcleo del reclamo se centra en la exigencia de que el Ejecutivo nacional cumpla con la ley votada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025, la cual define las pautas para el financiamiento de las universidades y sus instituciones dependientes. No obstante, la aplicación de dicha norma se encuentra actualmente suspendida debido a que ha sido judicializada, quedando a la espera de una definición sobre las partidas presupuestarias correspondientes. El Poder Ejecutivo ha apelado los fallos iniciales que ordenaban poner en marcha los artículos referidos al financiamiento y a la recomposición salarial. En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto legislativo que condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%.
Esta medida de fuerza estudiantil se inserta en un clima de conflicto generalizado por los recursos de la educación superior. De manera simultánea, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro total de actividades por veinticuatro horas para este viernes. A través de un comunicado, la organización demandó la convocatoria urgente a paritarias, la recomposición de los salarios y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. A este reclamo se han sumado otros sindicatos docentes, como Conadu y Conadu Histórica.
El gremio docente sostiene que, desde la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada, los salarios han sufrido una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo. Denuncian que este atraso salarial afecta directamente la calidad de la enseñanza y provoca que el cuerpo docente abandone el sector público. Francisco Pitrola reforzó esta postura al afirmar que los profesores del Nacional Buenos Aires perciben actualmente un 30% menos que los docentes de las escuelas de la Ciudad. El dirigente destacó que, históricamente, la relación era inversa y los docentes preuniversitarios ganaban un 30% más que sus pares citadinos, interpretando que este cambio es parte de una política destinada a deteriorar la educación pública para eventualmente implementar aranceles.
Pitrola describió la situación actual como "límite", señalando que la fuga de profesores hacia el sector privado es una consecuencia directa de la crisis. En este sentido, la movilización de los estudiantes se articula con las acciones de gremios docentes y no docentes, quienes este martes realizaron clases públicas frente al Palacio de Tribunales para solicitar una resolución de la Corte Suprema sobre la ley de financiamiento.
El conflicto no es reciente, ya que desde 2024 se han registrado al menos cuatro movilizaciones federales y diversas jornadas de protesta. A pesar de la promulgación de la ley en octubre de 2025, la situación permanece trabada debido a que su implementación depende de la asignación de fondos en el Presupuesto, mientras el Gobierno envía al Congreso iniciativas que no contemplan la recomposición por los periodos de 2024 y 2025.
