El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado una serie de medidas económicas y políticas con el objetivo de mitigar la creciente tensión social que atraviesa el país. En un discurso pronunciado este lunes en la ciudad de Sucre, coincidiendo con la celebración del 217 aniversario de la Revolución de Chuquisaca, el mandatario informó que reducirá a la mitad su propio salario, así como el de todos los miembros de su Gabinete. Esta decisión se presenta como un gesto de compromiso y esfuerzo compartido ante la crisis que ha provocado semanas de bloqueos de carreteras y movilizaciones ciudadanas.
Además del recorte salarial gubernamental, Rodrigo Paz presentó un "perdonazo" fiscal destinado a sectores específicos de la economía que han enfrentado dificultades con el sistema tributario. Esta amnistía tributaria beneficiará principalmente a los transportistas, trabajadores independientes, gremiales y artesanos. El presidente expresó su agradecimiento al Parlamento por la aprobación de esta ley, calificándola como una medida favorable para la ciudadanía.
Durante su intervención, el jefe de Estado mostró un tono de autocrítica al reconocer que, durante los primeros seis meses de gestión, el Gobierno pudo haber descuidado la creación de una administración amplia y representativa. Paz admitió con humildad que pudo haber faltado espacio o comprensión hacia las diferencias de diversos sectores y organizaciones del país, reconociendo que no se logró generar un gobierno que comprendiera todas las condiciones sociales.
No obstante, el mandatario fue enfático al desmentir diversas acusaciones que circulan entre los sectores movilizados. Negó rotundamente que existan planes para privatizar servicios o subir las tarifas de electricidad, y aseguró que no se implementarán leyes o decretos que coarten el derecho de los bolivianos a expresarse libremente. Sobre la situación de los bloqueos, Paz sostuvo que estas medidas no constituyen la solución, defendiendo que el diálogo es la herramienta establecida en la Constitución para conducir el país. Sin embargo, lanzó una advertencia a quienes se nieguen a negociar, señalando que sobre ellos "caerá la Constitución".
El contexto en el que se producen estos anuncios es crítico. Bolivia se encuentra en la cuarta semana de protestas lideradas por sindicatos, campesinos e indígenas que exigen la dimisión del presidente Paz debido a la crisis económica. Hasta la fecha, las movilizaciones han dejado un saldo de cuatro personas fallecidas y más de un centenar de detenidos. Solo este lunes, las autoridades confirmaron la existencia de 50 bloqueos, concentrados mayoritariamente en las inmediaciones de La Paz y El Alto. En el centro de la capital, se registraron enfrentamientos entre manifestantes de los Ponchos Rojos y la Central Obrera Boliviana (COB), donde la Policía Nacional empleó agentes químicos para dispersar a la multitud.
En el ámbito legislativo, la tensión se traslada a la Cámara de Diputados, que ha convocado a una sesión virtual para el martes. El objetivo es tramitar la derogación de la Ley 1341, una normativa de 2020 que actualmente dificulta la declaración de estados de excepción y el despliegue del Ejército. Este proyecto ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, quedando pendiente únicamente la validación de los diputados para su entrada en vigor.
Esta maniobra legislativa ha sido duramente criticada por la Central Obrera Boliviana. Su secretario general, Mario Argollo, quien emitió un mensaje desde la clandestinidad debido a una orden de arresto en su contra, calificó la derogación de la ley como una "traición". Argollo denunció que los legisladores están trabajando para facilitar la declaración de un estado de sitio con el fin de reprimir al pueblo boliviano.
La COB ha mantenido una postura rígida, rechazando cualquier diálogo con el Gobierno hasta que se cumplan condiciones previas: la retirada de las órdenes de aprensión contra dirigentes, la liberación de todos los detenidos y la dimisión definitiva de Rodrigo Paz. Asimismo, la organización denunció la muerte de una persona durante el pasado fin de semana, en el marco de un intento de fuerzas militares y policiales por romper un bloqueo mediante el denominado "Corredor Humanitario Banderas Blancas".
Sobre este último incidente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha iniciado una investigación en la localidad de Vilque. Henry Pinto, responsable de la unidad, informó que se ha realizado la autopsia médico-legal y se encuentran pendientes las pericias balísticas. Pinto reconoció que la alta conflictividad en la zona ha dificultado el acceso del personal policial al lugar de los hechos, pero reiteró que se trabajará para establecer la verdad histórica de lo sucedido.
Finalmente, la Iglesia Católica ha intentado mediar en el conflicto. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Giovani Arana, hizo un llamado urgente al diálogo, instando a todas las partes a abandonar las "posiciones rígidas" para evitar que el sufrimiento de la población y la división entre los ciudadanos continúen profundizándose.
