Guatemala iniciará un proceso de fortalecimiento técnico e interinstitucional con el objetivo de prepararse para la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta serie de evaluaciones, previstas para los próximos años, buscan revisar la capacidad del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El anuncio fue realizado por el superintendente de Bancos, Saulo De León Durán, durante su intervención en el XXIII Congreso Regional para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Cladit). Este evento fue organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y se llevó a cabo la semana pasada. Durante su participación, De León Durán explicó que el Gafilat brindará el apoyo técnico necesario en este proceso preparatorio, centrándose en la identificación de prioridades y en el diseño de una preparación estratégica para enfrentar la evaluación mutua.
En el marco de este curso especializado, se desarrollarán jornadas de trabajo que abordarán una amplia gama de temas críticos. Entre los puntos prioritarios para la quinta ronda se encuentran la evaluación de riesgos y el enfoque basado en riesgo, así como la inteligencia financiera y la recuperación de activos. Asimismo, se analizarán aspectos fundamentales relacionados con la supervisión, la identificación del beneficiario final, el combate al financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras dirigidas, además de los mecanismos de cooperación internacional.
El programa de preparación no se limitará exclusivamente a las entidades gubernamentales. Se ha incluido una sesión especializada dirigida específicamente al sector privado. Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer la comprensión de los estándares internacionales y brindar el apoyo necesario a los denominados sujetos obligados, asegurando que estén debidamente preparados para el proceso evaluativo que se avecina.
La actividad contará con una participación multidisciplinaria y multisectorial. Estarán presentes autoridades competentes, supervisores, instituciones dedicadas a la investigación y la persecución penal, así como representantes del sector financiero. También se integrarán otros sectores relevantes que forman parte del sistema nacional antilavado de activos (ALA), contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el financiamiento de la proliferación (CFP).
Para contextualizar la importancia de este proceso, la Evaluación Mutua se define como una revisión exhaustiva del sistema que el país posee para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). Como resultado de este proceso, el país recibe una calificación que permite demostrar la efectividad de su sistema ALD/CFT. Además de la calificación, el proceso es fundamental porque proporciona recomendaciones concretas para corregir las deficiencias que hayan sido detectadas y, en consecuencia, reforzar el sistema nacional.
Guatemala mantiene un compromiso internacional activo en esta materia, siendo miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). De igual manera, el país es parte de diversas convenciones de las Naciones Unidas, incluyendo la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
En cuanto a los antecedentes, el país tuvo su primera evaluación en el año 2000. Posteriormente, en junio de 2001, Guatemala ingresó en la lista “negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), situación de la cual logró salir en el año 2004. Para la actual etapa, el país deberá someterse a dos tipos de análisis: una evaluación técnica y una evaluación de efectividad.
Finalmente, este esfuerzo técnico se sustenta en un marco legal desarrollado progresivamente. En el año 2001 se aprobó la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, seguida en 2002 por la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y posteriormente en 2005 con la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
