A solo dos semanas de que la ciudadanía retorne a las urnas, el panorama político peruano se encuentra marcado por una profunda desconfianza generalizada. El clima de incertidumbre se ha intensificado debido a los sucesos ocurridos el pasado 12 de abril, evento que ha dejado una huella de escepticismo sobre la transparencia de los procesos electorales actuales. Existe un temor fundado entre la población sobre la posibilidad de que se repitan irregularidades, especialmente considerando que la elección podría definirse por un margen sumamente estrecho, estimado en 20 mil votos o menos.
Esta preocupación se fundamenta en la experiencia de la primera vuelta, donde se denunció que un candidato fue despojado de miles de votos de manera irregular. La persistencia de este sentimiento de desconfianza no solo afecta la percepción del proceso, sino que amenaza directamente la legitimidad de los resultados y de quien resulte electo para ocupar la presidencia. El daño causado por los órganos electorales es visto como un factor crítico que podría llevar a que una parte considerable de los peruanos cuestione la validez del mandatario entrante.
En medio de este escenario, la figura de Jorge Nieto ha generado controversia tras su llamado a votar viciado en la segunda vuelta. Esta postura ha provocado reacciones duras entre sus propios electores, quienes consideran que, en un momento crucial para el destino del país, el político arequipeño ha adoptado una posición cobarde. Diversos sectores critican que Nieto esté priorizando cálculos políticos personales sobre el futuro nacional, calificándolo de oportunista. La decepción es particularmente acentuada debido a la votación significativa que alcanzó durante la primera vuelta, lo que contrastaría con la falta de firmeza y decisión que se espera de un líder político, especialmente tras los cinco años de gestión iniciados con la llegada de Pedro Castillo al Palacio de Gobierno.
Por otro lado, la campaña de Roberto Sánchez ha enfrentado una recepción hostil en sectores populares. Se ha vuelto recurrente que el candidato sea rechazado y abucheado durante sus visitas a mercados concurridos. Recientemente, en los centros de abasto Modelo y Moshoqueque de Chiclayo, Sánchez fue objeto de gritos y rechazo espontáneo por parte de los comerciantes. Mientras que desde el partido Juntos por el Perú atribuyen estas reacciones a maniobras de "fuerzas oscuras" vinculadas a la corrupción, los pequeños comerciantes manifiestan un temor real a la implementación de un modelo de gobierno similar al de Hugo Chávez.
Los comerciantes expresan que, en regímenes de esa naturaleza, los sectores más humildes son los que sufren las peores consecuencias económicas. Señalan que este tipo de políticos utilizan la retórica del "pueblo" mientras gestionan mal los recursos, lo que deriva en una inflación disparada, escasez de alimentos y crisis económicas profundas. Como ejemplo de este colapso, se cita la situación de Venezuela, de donde han huido más de ocho millones de personas —dos millones de ellas hacia el Perú—, así como el flujo migratorio proveniente de Bolivia.
Simultáneamente, persiste un intenso debate sobre la caída de Pedro Castillo. A pesar de que algunos sectores con formación académica insisten en calificar su salida como un golpe de Estado, los hechos registrados el 7 de diciembre de 2022 cuentan una historia distinta. En televisión nacional, se observó a Castillo, portando la banda presidencial, ordenando la disolución del Congreso, la detención de la fiscal de la Nación y la instauración de un gobierno de excepción. Estas medidas autoritarias provocaron la renuncia de varios de sus ministros, incluido Roberto Sánchez, y culminaron en su vacancia por parte del Congreso, con el respaldo inclusive de sectores de izquierda.
El análisis de su caída apunta a que Castillo fue víctima de su propia corrupción y sus intentos golpistas. Se recuerdan casos como el de Sarratea, la corrupción vinculada a Sada Goray, el hallazgo de 20 mil dólares en el baño de Palacio, el cobro de sobornos a ministros y el cobro de hasta 50 mil dólares por ascensos a oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de las investigaciones por corrupción que involucran a sus sobrinos.
Finalmente, la relación entre el partido Juntos por el Perú y Antauro Humala sigue siendo un punto de fricción. Aunque la organización niega cualquier vínculo con Humala, señalado como asesino de policías, existen evidencias que sugieren lo contrario. En mítines realizados en lugares como el Barrio Chino en Ica, fueron los etnocaceristas quienes se encargaron de brindar la seguridad del evento. A pesar de que el partido ha incorporado figuras como Pedro Francke para moderar la imagen ante los electores, existe la sospecha de que Antauro Humala exigirá una cuota de poder en caso de victoria. De hecho, se ha señalado que Sánchez ha manifestado su intención de nombrarlo como ministro del Interior o de Defensa.
