El Gobierno de España ha concluido el curso legislativo en el Congreso de los Diputados con un balance dividido, marcado por una serie de victorias regulatorias y una derrota significativa en el ámbito económico. En el último pleno antes del parón veraniego, la Cámara baja ha validado diversas medidas clave, pero ha vuelto a rechazar la senda de estabilidad, el paso previo y necesario para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
La derrota más sonada del Ejecutivo se ha materializado con el rechazo de la senda de estabilidad, que ha recibido 176 votos en contra, 166 a favor y cinco abstenciones. En esta votación, el partido Junts ha vuelto a alinear su postura con la del Partido Popular y Vox, bloqueando así la propuesta gubernamental. Los posconvergentes, que tenían la capacidad de validar los objetivos de déficit para las administraciones públicas, han optado por echar abajo la propuesta.
El plan del Gobierno establecía un margen de endeudamiento para el próximo año fijado en el 1,8%. El desglose de este porcentaje asignaba el 1,5% al propio Ejecutivo, el 0,2% a la Seguridad Social, el 0,1% a las comunidades autónomas y un 0% o equilibrio presupuestario para los ayuntamientos.
Desde Junts, la crítica ha sido severa. El diputado Josep Cruset ha calificado de "estafa" la gestión de La Moncloa, haciendo referencia a las bajas cifras de ejecuciones presupuestarias en Cataluña. Cruset ha cuestionado la coherencia de votar a favor de una medida que, según su criterio, iría en contra de los intereses catalanes, calificando la situación de "vergüenza".
Por su parte, el Partido Popular ha centrado su rechazo en el incremento del endeudamiento propuesto. El diputado popular José Marí ha reprochado al ministro de Hacienda la reiteración de una propuesta que ya había sido criticada la semana anterior, instando al Gobierno a no hacer perder el tiempo a los ciudadanos y a convocar elecciones debido a lo que considera una situación de corrupción y parálisis. En una línea similar, José María Figaredo, de Vox, ha atacado al Ejecutivo por solicitar nuevos esfuerzos fiscales a los españoles en un contexto de empobrecimiento, acusando además al Gobierno de priorizar la atención a los inmigrantes.
Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha instado a los grupos parlamentarios a reflexionar sobre las consecuencias de su voto. España ha señalado que la alternativa a la propuesta es la pérdida de un margen fiscal de 5.800 millones de euros para las comunidades autónomas, subrayando que resulta difícil comprender que la discrepancia política se traduzca en una reducción de recursos para los territorios.
A pesar de este doble rechazo parlamentario, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que seguirá adelante con el trámite para presentar los Presupuestos Generales del Estado. La interpretación del Ejecutivo es que, al no conseguir el visto bueno en la Cámara, entran en vigor automáticamente los objetivos de endeudamiento comprometidos con Bruselas, que también fijan un tope del 1,8%. No obstante, la diferencia fundamental es que, al no existir un reparto detallado, el 1,8% recae íntegramente sobre el Ejecutivo central, dejando a las comunidades autónomas sin margen fiscal y obligándolas a operar con equilibrio presupuestario. Esto supone la pérdida efectiva del 0,1% mencionado por el ministro, equivalente a los 5.850 millones de euros.
La incertidumbre ahora recae sobre la fecha de presentación del proyecto de Presupuestos. Aunque la Constitución marca el 30 de septiembre como límite para que los diputados dispongan de tres meses de debate y aprobación, Moncloa baraja la posibilidad de ajustar el calendario. Una de las estrategias consideradas sería vincular un eventual adelanto electoral al rechazo de los Presupuestos en el Congreso, permitiendo al Ejecutivo decidir el momento más oportuno para la disolución de las Cortes.
En contraposición a este revés, el "pleno escoba" ha dejado otras victorias para el Gobierno. Se ha convalidado el real decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán, que incluye descuentos en los carburantes, contando para ello con el apoyo de Junts. Asimismo, se ha superado la primera prueba de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, una demanda de ERC para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, mediante el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.
Finalmente, el Congreso ha aprobado una reforma legal que permite a profesionales como abogados y arquitectos transferir sus años cotizados en mutualidades al Régimen de Autónomos para mejorar sus pensiones. También se han aprobado la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas y una modificación del reglamento de la Cámara para flexibilizar los requisitos de constitución de los grupos parlamentarios.
