La organización no gubernamental Transparencia por Colombia ha puesto en evidencia un volumen considerable de contratación estatal ejecutado por el Gobierno Nacional en un periodo muy breve. Según un análisis detallado realizado por la entidad, entre el 22 de junio y el 10 de julio del presente año, diversas entidades del Gobierno Nacional suscribieron un total de 6.717 contratos, cuyo valor asciende a los 3,4 billones de pesos. Este fenómeno ocurrió en apenas 19 días, inmediatamente después del levantamiento de la Ley de Garantías el pasado 22 de junio.
Para llegar a estas conclusiones, la organización llevó a cabo un proceso de contraste de datos riguroso. La información fue extraída de los registros de SECOP I y SECOP II, y posteriormente contrastada con el Sistema de Información Estratégica (SIE) de Función Pública, el Sistema de Gestión de Recursos Humanos (SIGEP) y el Registro Único Empresarial y Social (RUES).
Esta revelación surge en un momento crítico, a solo dos semanas de que la administración actual deje la Casa de Nariño, en un contexto marcado por denuncias y cuestionamientos sobre la posibilidad de dejar contratos "atornillados". Cabe recordar que la Ley de Garantías estableció un periodo de restricciones que abarcó la primera y la segunda vuelta presidencial, extendiéndose desde el 31 de enero hasta el 21 de junio de 2026.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explicó en diálogo con EL COLOMBIANO que el hallazgo principal del informe es que, una vez levantadas las restricciones legales, se ha avanzado en la firma de contratos por un valor cercano a los 7 billones de pesos a nivel general, de los cuales aproximadamente 3,4 billones corresponden específicamente al Gobierno Nacional.
Uno de los puntos más preocupantes señalados por Hernández es la modalidad de adjudicación. El director destacó que una parte significativa de estos recursos fue asignada mediante contratación directa. Según el directivo, esta modalidad es particularmente sensible ya que genera una mayor discrecionalidad en la toma de decisiones y permite procesos mucho más ágiles, pero que carecen de la competitividad de una licitación abierta.
Este patrón de contratación no sería un hecho aislado. El informe remite a datos de la Contraloría publicados en febrero, los cuales indican que durante enero de este año —mes previo a la entrada en vigor de la Ley de Garantías— el Gobierno Nacional firmó 164.813 contratos por un valor de 14,87 billones de pesos. Esta cifra representa un aumento del 64,5% en cantidad de contratos y del 75,1% en valor en comparación con el mismo periodo previo a las elecciones de 2022.
En cuanto a la naturaleza de esos contratos, el informe de la Contraloría reveló que la contratación directa se utilizó en el 66% de los casos, es decir, en dos de cada tres contratos celebrados. De un total de 4.409 contratos directos, el 96% (equivalente a 4.253 contratos) correspondieron a la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (PSAG), orientados principalmente a la vinculación de personas naturales.
El análisis también se centró en los contratos de mayor cuantía. De los 15 contratos con el valor más alto suscritos por el Gobierno en esos 19 días, que suman cerca de 2,5 billones de pesos y representan el 71% del valor total contratado, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) figura en 11 de ellos. Todos estos contratos están vinculados al programa denominado "Vías para la Paz".
El contrato más cuantioso de todo el periodo fue una licitación de obra pública por un valor de 650.400 millones de pesos, adjudicada al Consorcio Variante Oriental 057 para la construcción de la variante oriental de Chachagüí, en el departamento de Nariño. Si bien la mayoría de los 15 contratos principales fueron por licitación pública, el informe advierte que dos fueron adjudicados por contratación directa a través del Ministerio del Interior y otros dos mediante régimen especial a través de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, modalidades que no exigen procesos de competencia.
Por último, el documento identificó una situación irregular en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que resultó ser la entidad con el mayor número de contratos directos y PSAG. El informe resalta que, mientras la ANT posee una planta de personal de 216 servidores públicos, contrató a 6.276 personas para apoyo a la gestión entre enero y junio.
Andrés Hernández enfatizó la anomalía de este caso, señalando que llama la atención que una entidad con una planta de aproximadamente 200 personas haya recurrido a la contratación de más de 6.000 personas por prestación de servicios.
A pesar de estas observaciones, el director de Transparencia aclaró que el Gobierno mantiene la facultad legal para adelantar estos procesos. No obstante, hizo un llamado urgente a la responsabilidad y, sobre todo, a la transparencia en cada ejecución y firma realizada en estos últimos días de gestión, instando a que el cierre de la administración se realice bajo estándares éticos y responsables.
