En un clima de marcada desconexión entre la Casa Blanca y quienes ejecutan los procesos comiciales, decenas de funcionarios electorales estatales de 37 estados se reunieron recientemente en Boston. El encuentro ocurrió apenas cuatro días después de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre la existencia de “vulnerabilidades alarmantes” en la infraestructura electoral del país, sugiriendo una crisis que requeriría medidas urgentes a solo 15 semanas de las elecciones de mitad de mandato.
Sin embargo, lejos de asistir a una cumbre de emergencia para atender la supuesta crisis, los funcionarios se congregaron en una conferencia profesional programada con antelación. El tono de la reunión fue descrito como rutinario, y el discurso del presidente Trump, emitido en horario estelar, apenas fue mencionado durante las sesiones. Esta actitud refleja una brecha significativa entre la narrativa gubernamental y la percepción técnica de quienes administran el voto en los estados.
En entrevistas concedidas a CNN, más de una decena de funcionarios de ambos partidos políticos coincidieron en que el discurso presidencial no aportó pruebas nuevas ni información sustancial. Algunos representantes republicanos llegaron a ridiculizar la presentación de la administración, especialmente los datos utilizados para sostener que un gran número de personas no ciudadanas participan en las elecciones estadounidenses. Matt Crane, republicano que encabeza la Asociación de Secretarios de Condado de Colorado, relató que las conversaciones con sus colegas bipartidistas estuvieron llenas de “muchos emojis de risa” y expresiones de incredulidad ante la escasez de evidencias.
La tensión aumentó cuando se analizaron los informes de inteligencia desclasificados por el presidente, los cuales calificaban la situación como una “pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral”, señalando amenazas provenientes de China y Venezuela. No obstante, el presidente omitió mencionar que dichos informes también aclaraban que ninguno de estos países había manipulado los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Un funcionario republicano de un estado ganado tres veces por Trump criticó duramente el contenido, afirmando que los documentos eran antiguos y que la información ya era conocida por los administradores electorales.
Desde el sector demócrata y entre expertos electorales, se ha condenado la postura del presidente, acusándolo de intensificar ataques contra el proceso de votación para sentar las bases y justificar una posible derrota del Partido Republicano en noviembre. Aunque muchos republicanos mantienen un perfil bajo públicamente para evitar conflictos con la administración, admiten en privado que las elecciones no están amañadas.
El conflicto se centra en la supuesta presencia masiva de no ciudadanos en los padrones electorales. La administración Trump, apoyada en una presentación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló a estados como Pensilvania, Nevada, California y Nueva Jersey por tener cifras alarmantes de inscritos no ciudadanos. No obstante, la base de datos utilizada, conocida como SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios), tiene un historial documentado de sobreestimar estas cifras, algo que el propio DHS reconoce al sugerir que los estados deben realizar investigaciones adicionales ante cualquier coincidencia.
Casos concretos contradicen la narrativa federal. En Georgia, funcionarios informaron que de los 2.549 inscritos señalados por el DHS como no ciudadanos, solo unos 20 habían votado efectivamente. Por su parte, Sam Hayes, director ejecutivo republicano de la Junta Electoral de Carolina del Norte, aseguró que su equipo no aceptaría las conclusiones del gobierno sin una verificación independiente, advirtiendo que sería difícil completar tales depuraciones antes de las elecciones de mitad de mandato.
A pesar de estas discrepancias, algunos errores reales han salido a la luz. El gobernador de Nueva Jersey admitió que un fallo informático en la Comisión de Vehículos Motorizados añadió accidentalmente a unos 6.600 no ciudadanos al censo electoral, de los cuales 400 emitieron votos irregulares. Este hecho fue utilizado inmediatamente por la administración Trump como validación de sus advertencias.
La respuesta del gobierno ha escalado hacia las amenazas. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, sugirió la posibilidad de imponer multas y penas de prisión a los funcionarios que no cumplan con las exigencias de reforma y depuración de registros. Esta presión se ha visto reforzada por cartas de advertencia enviadas por el Departamento de Justicia a los 50 estados.
La reacción no ha sido unánime. En Idaho, la oficina del fiscal general rechazó tajantemente las insinuaciones de violaciones criminales. James Craig, abogado de dicha oficina, instó al Departamento de Justicia en una carta contundente a que “dejen de amenazar a sus amigos en Idaho”. A pesar de esto, el clima de incertidumbre persiste entre los administradores electorales, quienes temen ser utilizados como ejemplos políticos debido a la imprevisibilidad de la actual administración.
