El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido un fallo que permite a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, salir de la clandestinidad en la que se mantenía desde octubre de 2023. La resolución del ente constitucional anula las medidas judiciales que imponían y mantenían su orden de prisión preventiva, disponiendo que el Poder Judicial dicte una medida menos gravosa para asegurar su presencia en el proceso penal seguido por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, dentro del denominado Caso Dinámicos del Centro.
Cerrón pasó a la clandestinidad el 6 de octubre de 2023, luego de que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín confirmara una sentencia de tres años y seis meses de prisión efectiva en su contra por el Caso Aeródromo Wanka. En aquella fecha, la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió a su domicilio consignado en el distrito de Lince, en Lima, para ejecutar la captura, pero el exgobernador ya no se encontraba en el lugar.
Durante el tiempo que permaneció prófugo, Cerrón mantuvo una actitud desafiante hacia la justicia, utilizando sus redes sociales y apariciones virtuales en eventos de su partido para burlarse de las autoridades. Aunque la condena que originó su fuga fue anulada por la justicia en diciembre de 2024, el líder perulibrista se mantuvo oculto debido a la existencia de múltiples procesos judiciales y otras órdenes de captura vigentes.
Su permanencia en la clandestinidad estuvo marcada por un contraste evidente entre los anuncios oficiales del Ejecutivo y los resultados operativos. Alberto Otárola, quien fuera primer ministro, aseguró en diversas ocasiones que la captura de Cerrón era una prioridad y que se esperaban "noticias importantes" en plazos cortos. Sin embargo, para enero de 2024, el mismo Otárola admitió percibir que el líder de Perú Libre contaba con "mucha protección", sugiriendo que esta podría provenir de agentes del propio Estado y de la Policía Nacional.
Esta línea de discurso fue continuada por su sucesor, Gustavo Adrianzén, quien manifestó el "gran malestar" que le causaba la situación del prófugo y reiteró que sería detenido "sin importar quién o quiénes lo estén protegiendo", aunque admitió que no podía fijar una fecha exacta para su captura. Asimismo, el presidente encargado José Jerí afirmó haber dispuesto la captura de todas las personas con cuentas pendientes con la justicia, incluyendo a Cerrón. En contraposición, José María Balcázar evitó pronunciarse sobre la captura del líder, limitándose a declarar públicamente que Cerrón es su amigo.
La ineficacia de los operativos policiales ha generado fuertes sospechas sobre filtraciones internas. El general Luis Flores, exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), reveló que Cerrón estuvo a punto de ser intervenido en tres ocasiones, pero lograba desaparecer justo antes de la ejecución de la medida. Flores señaló que "gente influyente" y posiblemente policías implicados habrían protegido al exgobernador, lo que obligó a la PNP a rotar personal y manejar el caso con mayor reserva.
Uno de los episodios más polémicos fue el operativo en el condominio Mikonos, en Asia, realizado en enero de 2024 por el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y la DINI. A pesar de contar con información tecnológica y de fuentes humanas que ubicaban a Cerrón en un departamento específico, el prófugo no fue hallado. El general Óscar Arriola, quien entonces era director Nacional de Investigación Criminal, testificó posteriormente que es muy probable que Cerrón nunca haya estado en el lugar, cuestionando la veracidad de la información proporcionada por la DINI.
Este operativo derivó en el denominado Caso ‘Cofre’, debido a sospechas de que el vehículo asignado al Despacho Presidencial habría sido utilizado para trasladar a Cerrón. La presidenta Dina Boluarte negó categóricamente estas versiones, calificándolas de "historias de terror".
La trayectoria de la fuga de Vladimir Cerrón abarcó las gestiones de tres presidentes (Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar), seis primeros ministros y nueve ministros del Interior. Al cierre de las investigaciones, el excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, sugirió que la protección de Cerrón provenía de las "altas esferas del gobierno", argumentando que no habría otro interés externo tan potente para evitar su captura.
