En el marco de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó un debate técnico destinado a profundizar en las propuestas de reestructuración del aparato estatal. El primer bloque de este encuentro estuvo protagonizado por Sinesio López, sociólogo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú (JPP), y Vladimiro Huaroc, antropólogo y representante de Fuerza Popular (FP), quienes expusieron sus perspectivas sobre la crisis de gobernabilidad, la modernización administrativa y la integridad pública.
El desarrollo del debate comenzó con el análisis del equilibrio de poderes en el país. Sinesio López, en representación de Juntos por el Perú, presentó un diagnóstico centrado en la actual distribución del poder político, señalando que el Perú ha experimentado una transición hacia un modelo donde el Congreso ejerce un control predominante sobre las demás instituciones del Estado. Según el sociólogo, este desplazamiento del poder ha sido el motor de una profunda inestabilidad política, la cual se evidencia en la sucesión de ocho mandatarios en la última década.
López sostuvo que este escenario ha debilitado el carácter democrático y el sistema presidencialista establecido en la Constitución Política. En una de sus precisiones más directas, afirmó que desde el año 2016 el país no ha funcionado bajo el régimen presidencialista previsto, sino que ha vivido, en la práctica, un régimen parlamentarista.
Por su parte, Vladimiro Huaroc, representante de Fuerza Popular, desplazó el eje de la discusión desde la estructura política hacia la operatividad del Estado. El antropólogo centró su argumentación en lo que calificó como la inoperancia estatal frente a las demandas cotidianas de la ciudadanía, haciendo especial énfasis en el impacto negativo que esto tiene sobre los emprendedores y los sectores más vulnerables de la población.
Huaroc sostuvo que el desorden que atraviesa la nación no es un fenómeno exclusivamente político, sino que se manifiesta tangiblemente en una burocracia lenta y en la existencia de numerosas obras públicas paralizadas, factores que, según el especialista, frenan el progreso de las familias peruanas. Bajo esta premisa, Huaroc sentenció que el problema fundamental del Perú radica en que el Estado no funciona para su gente.
En el segmento dedicado a la lucha contra la corrupción, las posturas volvieron a divergir. Sinesio López vinculó la corrupción con la captura de las instituciones públicas por parte de grupos de poder, poniendo en duda la legitimidad de ciertos sectores del Parlamento. Para el técnico de la agrupación liderada por Roberto Sánchez, el desafío primordial no reside únicamente en la comisión del acto corrupto, sino en la alarmante falta de sanciones efectivas y la promulgación de normativas que, a su juicio, terminan protegiendo a organizaciones criminales. López puntualizó que el aspecto que debe generar mayor preocupación no es la corrupción en sí, sino la impunidad imperante.
Desde la perspectiva de Fuerza Popular, Vladimiro Huaroc definió la corrupción como un problema sistémico que actúa como un "cáncer" que atraviesa todas las instituciones y a la sociedad nacional en su conjunto. Ante esto, propuso una respuesta institucional profunda que incluya un cambio en la cultura ciudadana. Su propuesta se basa en una reforma educativa orientada a la integridad y en la implementación de leyes estrictas que permitan un control efectivo sobre los funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno.
Finalmente, el debate abordó la eficiencia y distribución del Estado. Huaroc propuso la creación de un centro de gestión estratégica dentro del Poder Ejecutivo con el objetivo de articular el trabajo de los ministerios con los gobiernos regionales y locales. Asimismo, planteó la digitalización de la función pública como un eje central para reducir los tiempos de espera en los trámites ciudadanos y asegurar una gestión sincronizada en todo el territorio.
En contraste, Sinesio López advirtió sobre la distribución desigual del Estado en el territorio nacional, señalando que la presencia estatal es notablemente menor en las zonas de la sierra y la selva en comparación con la costa. En ese sentido, la estrategia de Juntos por el Perú se enfoca en una descentralización real que garantice el acceso a bienes públicos de calidad, específicamente en salud y educación, para fomentar la justicia igualitaria y un sentido de identidad nacional.
