El Gobierno de la provincia de Entre Ríos, liderado por el gobernador Rogelio Frigerio, enviará en las próximas horas a la Legislatura provincial un proyecto integral de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. La iniciativa busca abordar la situación financiera del sistema previsional mediante una serie de modificaciones estructurales que incluyen el incremento gradual de la edad de retiro, cambios en la metodología de cálculo de los haberes y la implementación de un aporte solidario extraordinario destinado a los salarios más elevados.
Según informaron fuentes cercanas al mandatario provincial, el proyecto es el resultado de varias semanas de diálogo mantenido con sectores vinculados al sistema previsional y representantes sindicales. En este sentido, el Ejecutivo destacó que el documento final incorpora diversas modificaciones planteadas por los gremios durante el proceso de negociación, buscando un consenso mínimo sobre la necesidad de intervenir el sistema.
Desde la Unión Personnel Civil del Estado (UPCN), su titular José Ángel Allende reconoció que el diálogo ha tenido un impacto en el texto final. Allende señaló que el proyecto original fue modificado sustancialmente, aunque aclaró que esto no implica un apoyo total a la medida. El dirigente sindical subrayó que sentarse a discutir resultó más productivo que las movilizaciones externas, las cuales, a su criterio, suelen beneficiar la visibilidad de los dirigentes más que a los trabajadores. Asimismo, Allende admitió la realidad del sistema, afirmando que la Caja, en sus condiciones actuales, se encamina hacia un "estallido".
Por su parte, la administración provincial ha sido enfática en asegurar que la reforma no vulnera los derechos ya adquiridos. El Gobierno remarcó que se mantiene el 82% móvil sobre el salario bruto y que la actualización de las jubilaciones seguirá atada a las paritarias de los trabajadores estatales, asegurando así la movilidad de los haberes tanto para quienes ya están retirados como para los futuros beneficiarios.
Uno de los ejes centrales y más debatidos de la propuesta es la modificación de la edad jubilatoria. Para los trabajadores estatales que se encuentran actualmente activos, la edad de retiro pasará a ser de 65 años de forma gradual. Para mitigar el impacto de esta medida, el Ejecutivo estableció un esquema de transición que oscilará entre los cinco y los veinte años, evitando que aquellos empleados próximos a jubilarse vean alteradas sus condiciones de manera inmediata. En el caso de los nuevos ingresantes al Estado provincial, la edad jubilatoria se fijará en los 68 años a partir de la sanción de la ley.
Para justificar este incremento, el Gobierno provincial argumentó que la edad de retiro en Entre Ríos no ha sido actualizada desde 1993. Además, basándose en relevamientos comparados de más de 110 sistemas previsionales a nivel mundial, afirmaron que la provincia posee actualmente una de las edades de retiro más bajas. El objetivo primordial es adecuar el sistema al aumento de la expectativa de vida y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Respecto a los regímenes especiales, el Ejecutivo aclaró que no se eliminarán beneficios ni se suprimirán las jubilaciones anticipadas. No obstante, se aplicará una regla ya prevista en la ley pero no implementada anteriormente: quienes accedan a estos regímenes deberán continuar realizando sus aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria establecida por la legislación provincial.
Otro punto relevante es la creación de un aporte solidario extraordinario, el cual será progresivo y transitorio. Esta medida afectará únicamente a los trabajadores con los salarios más altos; específicamente, quienes perciban menos de tres millones de pesos mensuales estarán exentos de este pago adicional. Según las precisiones oficiales, este aporte alcanzará solamente al 4% de la planta de empleados.
En cuanto al cálculo del haber inicial, la reforma propone ampliar la base de cálculo a 240 meses. Esta modificación tiene como fin evitar distorsiones en el monto de la jubilación que pudieran derivarse de ascensos o recategorizaciones efectuadas poco antes del momento del retiro. A pesar de este cambio en la base, el Gobierno reiteró que se mantendrá la garantía del 82% móvil sobre el sueldo bruto.
La urgencia de la reforma se fundamenta en un escenario calificado como "crítico" por el Gobierno provincial. Los datos oficiales revelan una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, una proporción considerada insuficiente para el sostenimiento del sistema. Esta situación se ha agravado en la última década, periodo en el cual la cantidad de jubilados creció un 40%, mientras que el número de aportantes aumentó apenas un 25%.
Finalmente, el Ejecutivo recordó que la provincia mantiene un reclamo vigente ante la Corte Suprema de Justicia por fondos que la ANSES adeuda en concepto de financiamiento previsional. En el plano político, se destaca que Rogelio Frigerio, perteneciente al PRO y aliado del presidente Javier Milei, impulsa una medida que guarda sintonía con los objetivos del Gobierno nacional de reformar el sistema previsional y elevar la edad jubilatoria. El proyecto ahora comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras de la provincia.
