La empresa estatal Petroperú se encuentra actualmente en el centro de una compleja batalla legal que podría definir no solo su estructura organizativa, sino también su viabilidad financiera inmediata. Dos procesos judiciales avanzan a ritmos distintos con el objetivo de impugnar el Decreto de Urgencia N° 010-2025, una normativa que encarga la reorganización patrimonial de la compañía a ProInversión. Esta medida ha sido calificada por diversos especialistas del sector y por los sindicatos de la empresa como una "privatización encubierta".
El núcleo del conflicto radica en que la eventual anulación de este decreto podría desencadenar un efecto dominó negativo. Específicamente, se advierte que un fallo contrario al Gobierno podría bloquear el acceso a un rescate financiero de 2.000 millones de dólares, fondos que han sido designados por la administración del presidente José María Blancazar para sostener la operatividad de la petrolera.
Uno de los frentes judiciales es liderado por el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP). Esta organización presentó una demanda de amparo a finales de enero de 2026, la cual fue admitida por el Poder Judicial en febrero del mismo año. Tras el cumplimiento de los plazos legales para que las entidades y los funcionarios involucrados presentaran sus contestaciones, el proceso ha avanzado rápidamente.
El STAPP ha solicitado formalmente que se omita la etapa de audiencia, fundamentando que el caso se trata de un asunto de "puro derecho". Según el sindicato, la controversia se centra estrictamente en la inconstitucionalidad del decreto, señalando contradicciones directas con la Constitución respecto a la reorganización de la empresa y la garantía de estabilidad laboral de los trabajadores. Este pedido fue admitido por el juzgado, lo que significa que el expediente ya se encuentra listo para sentencia. En el escenario más optimista, se espera que el pronunciamiento judicial se emita en los próximos 30 días hábiles. Desde el STAPP manifiestan plena confianza en que sus argumentos prevalezcan, lo que dejaría sin efecto el decreto de reorganización y permitiría que se determinen responsabilidades administrativas y legales para los funcionarios que aplicaron dicha norma.
De manera paralela, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) ha iniciado su propia acción legal. En abril de 2026, la federación presentó una demanda de amparo contra el mismo Decreto de Urgencia N° 010-2025. A diferencia del proceso del STAPP, esta acción judicial se encuentra aún en etapas preliminares. El juzgado admitió el trámite el 25 de abril de 2026 y ha programado una audiencia única para el próximo 5 de octubre de 2026.
El pliego de peticiones de FENPETROL guarda similitudes con las demandas del STAPP, buscando principalmente la inaplicabilidad del decreto para sus afiliados y el cese de cualquier amenaza contra el empleo. Asimismo, la federación solicita que se declare la inconstitucionalidad de la transferencia de facultades empresariales de Petroperú hacia ProInversión. Según el expediente, la demanda se sustenta en la presunta vulneración de derechos constitucionales y la implementación de medidas regresivas, las cuales están prohibidas por el marco legal vigente.
Sin embargo, la situación se complica debido a la promulgación, en mayo, del Decreto de Urgencia N° 003-2026. Esta nueva norma dispone un aval por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para que Petroperú pueda contraer nuevas obligaciones financieras con la banca privada por un monto de hasta 2.000 millones de dólares. Este capital es crítico, ya que está destinado a la compra de crudo necesario para la refinería de Talara.
El punto crítico es que este financiamiento está estrictamente vinculado a la vigencia y aplicación efectiva del control estatal establecido en el primer decreto impugnado. En términos claros, cualquier decisión judicial que revierta la reorganización patrimonial y el rol de ProInversión podría anular automáticamente el acceso a estos fondos vitales.
Este escenario ha generado tensiones internas en la cúpula de la empresa. Recientemente, el directorio de Petroperú, liderado por Edmundo Lizarzaburu, mantuvo una postura de resistencia frente a la entrega de información gerencial a ProInversión, defendiendo la autonomía institucional de la petrolera. No obstante, esta posición cambió tras la presión ejercida por el Ejecutivo y la condición explícita de que el acceso al financiamiento dependía de dicha colaboración. Ante esta coyuntura, el directorio se comprometió a cooperar con el gobierno y aceptar la intervención.
La resolución de estos dos procesos judiciales determinará el rumbo futuro de la petrolera estatal, el alcance real del esquema de rescate financiero y definirá el margen de maniobra que posee el Estado peruano sobre la gestión de sus empresas públicas en procesos de reorganización.
