La relación entre Petroperú y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) atraviesa un momento de fuerte fricción. A pesar de que ProInversión es la entidad encargada de liderar la reestructuración de la petrolera estatal y de estructurar una línea de financiamiento que podría alcanzar los US$ 2,000 millones, ambas instituciones no han logrado "caminar juntos", generando un clima de incertidumbre sobre el proceso de saneamiento de la empresa pública.
El núcleo del conflicto radica en la discrepancia sobre el alcance de las facultades de ProInversión. La agencia ha implementado diversos "candados" y ha solicitado información detallada sobre el accionar interno de Petroperú. No obstante, la petrolera sostiene que ProInversión está excediendo las competencias otorgadas por el marco normativo vigente, específicamente los Decretos de Urgencia (DU) N° 010-2025, referido a la reestructuración de la compañía, y el DU N° 003-2026, que activó la línea de financiamiento millonaria.
La tensión se hizo evidente el pasado 15 de mayo, cuando ProInversión envió un oficio dirigido a Edmundo Lizarzaburu, presidente del directorio de Petroperú. En dicho documento, la agencia manifestó su "bastante preocupación" por el impacto que podrían tener cambios gerenciales "tan drásticos" en la coyuntura actual de la empresa. Esta reacción surge tras una ola de cambios en las gerencias de la petrolera a inicios de mayo, movimiento que ya había alertado a analistas sobre el riesgo de que la empresa diera la espalda al proceso de reestructuración.
Ante este escenario, ProInversión otorgó un plazo de tres días calendario, vencido el lunes 18 de mayo, para que Petroperú entregara documentación crítica. Los requerimientos incluyeron copias de las actas de entrega de cargo de los gerentes relevados, los expedientes administrativos completos del nuevo personal asignado y la copia íntegra del informe emitido por el estudio Paul Hastings LLC. Asimismo, la agencia designó a Jorge Luis Ramos Felices para participar en las sesiones de directorio vinculadas a la reorganización patrimonial.
La respuesta de Petroperú, firmada por su gerente general, Gustavo Villa Mora, fue tajante. La empresa estatal argumentó que los pedidos de ProInversión no están alineados, ni de forma expresa ni implícita, con los decretos de urgencia mencionados. Según la petrolera, la intervención de la agencia debe limitarse estrictamente al objeto del encargo normativo y a los bloques patrimoniales en reorganización. Además, justificaron la negativa inicial señalando que la información solicitada es de "naturaleza interna y potencialmente sensible". No obstante, indicaron que el Directorio evaluaría la procedencia de la entrega de dicha data.
El conflicto escaló hasta requerir la intervención del Ejecutivo. Tras la difusión de estas tensiones en los medios, se llevó a cabo una reunión de emergencia entre ProInversión, Petroperú, el Primer ministro, el ministro de Energía y Minas y el viceministro de Economía. Como resultado de este encuentro, se emitió un comunicado conjunto en el que Petroperú finalmente accedió a enviar la información requerida a la agencia de promoción de la inversión.
Expertos en la materia han valorado la postura de ProInversión. Carlos Paredes, expresidente de la petrolera, y David Tuesta, exdirector de la empresa, coincidieron en que los controles impuestos son necesarios dada la magnitud del financiamiento en juego. Paredes señaló que Petroperú se ha acostumbrado a operar con el apoyo del Estado sin controles estrictos, subrayando que es razonable exigir el control del flujo de caja para asegurar el pago de los US$ 2,000 millones. "Si no quieres que ProInversión intervenga, no pidas la plata entonces", afirmó Paredes. Por su parte, Tuesta enfatizó que el objetivo de la agencia es garantizar que los fondos se utilicen para las necesidades básicas de la empresa.
En el ámbito político, la Comisión de Energía y Minas del Congreso debatió recientemente la derogatoria del DU de reestructuración, aunque la propuesta no prosperó. A pesar de ello, algunos legisladores cuestionaron la participación de ProInversión. Ante esto, Paredes advirtió que retirar a la agencia sería una "burla para los peruanos" y una señal de mala fe. Tuesta añadió que, de salir ProInversión, el mercado interpretaría que el dinero otorgado a Petroperú sería "dinero perdido", asemejándose a una simple inyección de capital sin garantías.
Finalmente, Petroperú ha tenido que responder a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre el impacto económico del DU 003-2026, aunque indicó que no hay avances significativos que informar. No obstante, la empresa solicitó una excepción para presentar sus estados financieros anuales auditados y su Memoria Anual 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, cuando originalmente debían presentarse el 31 de marzo. Al respecto, informó que la auditora PWC entregaría el borrador del Informe de Auditoría a la Contraloría General de la República el viernes 22 de mayo, y otros entregables el 9 de junio.
