La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto denominado oficialmente como “Ley de Derogación de Legislación Obsoleta”, popularmente conocido como la “Ley Hojarasca”. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación, fue aprobada con una mayoría contundente de 138 votos a favor, 96 votos en contra y nueve abstenciones, consolidando un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo.
El volumen de apoyo recibido por el proyecto es significativo, ya que el número de votos positivos es similar al obtenido en otras normativas clave, como la ley de Glaciares, que alcanzó los 137 votos, o la reforma laboral, que contó con 135. Esta solidez numérica representa, según el análisis político, una barrera considerable frente a cualquier intento de bloqueo por parte de los bloques opositores en la Cámara Baja. El respaldo fue posible gracias al acompañamiento de aliados habituales del Gobierno, entre los que se encuentran el PRO, la UCR, el MID y diversos bloques provincialistas representantes de San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, Catamarca, Salta y Misiones.
El proyecto de ley fue firmado originalmente por el presidente Javier Milei, el economista Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habiendo sido enviado al Congreso el pasado 26 de marzo. El objetivo central de la norma es reducir la denominada “sobrerregulación” y avanzar hacia un modelo de Estado con menor intervención en la actividad pública y privada. Bajo la consigna política “Cuantas más leyes, menos justicia”, el Gobierno defiende la necesidad de limpiar el ordenamiento jurídico de normas que ya no cumplen una función útil.
Para justificar la reforma, el Ejecutivo ha establecido seis categorías de normas que ameritan su derogación. En primer lugar, aquellas leyes que han sido superadas por normativas posteriores. En segundo lugar, las que resultan obsoletas debido a los cambios tecnológicos. Tercero, las normas consideradas puramente burocráticas. Cuarto, aquellas que restringen las libertades individuales. Quinto, las leyes vinculadas a organismos que ya no existen y, finalmente, aquellas que financian entidades mediante fondos públicos.
Entre los puntos más destacados de la ley se encuentra la eliminación de regulaciones que el Gobierno considera anacrónicas. Esto incluye la supresión de la obligatoriedad de realizar microfilmaciones en los organismos estatales, un proceso de archivo basado en la fotografía de documentos en papel para reducir su tamaño y almacenarlos en películas especiales. Asimismo, se propone eliminar la difusión obligatoria de contenidos turísticos en los medios de comunicación, las regulaciones relativas a la televisión a color y una ley creada en la década del 70 que establecía un carnet para mochileros. El proyecto también contempla la eliminación de leyes vinculadas a la promoción de la música argentina.
En el ámbito institucional y financiero, la Ley Hojarasca busca modificar la legislación para impedir que entidades como la Federación Argentina de Municipios y el Círculo de Legisladores continúen recibiendo financiamiento del Estado nacional. Como consecuencia de estas derogaciones, el texto establece que todas las partidas presupuestarias que estaban asociadas a las normas eliminadas serán transferidas directamente al Tesoro Nacional.
Otro cambio relevante se introduce en la ley de cartografía oficial. La propuesta del oficialismo elimina los controles generales sobre la cartografía y limita la obligatoriedad del uso de mapas oficiales únicamente al material destinado a fines educativos.
Más allá de la aprobación de la Ley Hojarasca, el oficialismo intentó avanzar en la sesión hacia una modificación en el régimen de zonas frías. Esta propuesta busca reducir el alcance de los subsidios actuales, priorizando que el beneficio se otorgue en función del poder adquisitivo de los usuarios y no basándose exclusivamente en la residencia en regiones con bajas temperaturas.
Finalmente, la realización de esta sesión tuvo un impacto en la agenda política inmediata, ya que inhibió una iniciativa de la oposición para interpelar al vocero presidencial, Manuel Adorni, encuentro que había sido previsto para este miércoles. Tras el resultado en Diputados, el proyecto de la Ley Hojarasca deberá ahora ser tratado en el Senado para su sanción definitiva.
