Dos miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Pramila Jayapal y Jonathan L. Jackson, han denunciado los efectos inhumanos que el bloqueo energético estadounidense está provocando en la población civil de Cuba. Tras realizar una visita de cinco días a la isla en abril, los legisladores aseguraron que, si la ciudadanía estadounidense conociera la magnitud de la crisis, exigiría el fin inmediato de estas medidas.
Durante su recorrido, los congresistas documentaron situaciones críticas en el sistema sanitario. En el hospital materno Eusebio Hernández Pérez de La Habana, conocieron el caso de Alejandro, un bebé prematuro que pesaba solo un kilo. El centro médico enfrenta graves dificultades debido a las variaciones de voltaje provocadas por los apagones nacionales, lo que ha dañado componentes electrónicos de las incubadoras. Según el reporte, las sanciones impuestas por Estados Unidos hacen que sea casi imposible importar las piezas de repuesto necesarias para reparar los equipos averiados.
La crisis eléctrica se extiende a otras áreas del hospital, donde mujeres en etapas avanzadas de embarazo deben subir escaleras debido a que los ascensores no funcionan. El personal médico, además, enfrenta problemas de transporte por la falta de combustible. En los momentos de mayor criticidad durante los apagones, los médicos se ven obligados a accionar manualmente los ventiladores para mantener con vida a los recién nacidos. Aunque este hospital ha intentado evitar un aumento en la mortalidad infantil, los datos nacionales reflejan una realidad alarmante: entre 2018 y 2025, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se disparó un 148 por ciento a medida que las sanciones se volvieron más severas.
El bloqueo de suministros de combustible, que ha durado más de cuatro meses, ha dejado a Cuba en una situación vulnerable. Exceptuando un petrolero ruso que suministró combustible para un periodo breve de entre 10 y 14 días, otros países han evitado enviar buques petroleros por temor a que sean apresados en aguas abiertas por naves militares estadounidenses. Los congresistas describieron esta situación como un ataque económico a la infraestructura básica, diseñado para infligir un castigo colectivo que afecta la agricultura, el transporte, el acceso al agua corriente y la atención médica.
Desde una perspectiva legal, Jayapal y Jackson sostienen que el bloqueo desafía las normas del derecho internacional, específicamente en lo relativo a la soberanía de los Estados, la no intervención en asuntos internos y el derecho al comercio libre. Los legisladores señalaron que la política actual parece buscar el estrangulamiento de la economía cubana, coincidiendo con declaraciones previas del presidente Donald Trump sobre la disponibilidad del país para una "toma".
A pesar de la crisis, los congresistas identificaron oportunidades mutuas en la normalización de las relaciones. Señalaron que Cuba sería un socio comercial natural para Estados Unidos, mencionando que secretarios de agricultura de diversos estados, tanto "rojos" como "azules", han mostrado interés en exportar productos agrícolas a la isla, acción que hoy está obstaculizada por las restricciones financieras del embargo. Asimismo, destacaron que los avances del sistema de salud cubano en tratamientos para el cáncer de pulmón y el alzhéimer podrían beneficiar a los ciudadanos estadounidenses.
En cuanto a la situación política interna, los representantes estadounidenses se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel, a quien transmitieron la necesidad de mejorar los derechos políticos y cívicos, así como el fin de los malos tratos y detenciones arbitrarias de presos políticos. No obstante, reconocieron gestos de buena voluntad por parte del gobierno cubano, como la liberación de 2,010 presos y la autorización para que el FBI investigara un tiroteo marítimo reciente.
Finalmente, los congresistas advirtieron que las nuevas y radicales sanciones anunciadas por Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, bajo el pretexto de amenazas a la seguridad nacional, solo profundizan el aislamiento y el sufrimiento. Aseguran que las reformas económicas internas, como la apertura a pequeñas y medianas empresas y la inversión de cubano-estadounidenses, no son suficientes para contrarrestar una campaña deliberada de destrucción económica. Los legisladores hicieron un llamado a entablar negociaciones basadas en el respeto mutuo para garantizar un futuro con esperanza para las próximas generaciones de cubanos.
