El Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó este martes la salida de Trinidad Steinert del cargo de ministra de Seguridad. La abogada, quien llegó al gabinete con la promesa de liderar el combate contra la crisis de seguridad nacional, dejó el cargo tras un breve periodo de 69 días, transformando lo que inicialmente parecía una designación técnica en un proceso de desgaste político constante.
Steinert contaba con un perfil atractivo para la cartera: casi dos décadas de experiencia en el Ministerio Público y un conocimiento profundo de las causas contra el crimen organizado y el Tren de Aragua en su jurisdicción. Sin embargo, esa imagen de experta se diluyó rápidamente. Su gestión fue descrita como una prolongada agonía, donde los reproches fueron escalando hasta hacer su permanencia insostenible, a pesar del respaldo que mantuvo durante un tiempo parte del bloque oficialista y el propio Mandatario.
La salida de la secretaria de Estado se precipitó por dos factores críticos que actuaron como una espada de Damocles sobre su gestión. En primer lugar, la inminente emisión de un pronunciamiento por parte de la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, respecto a un oficio enviado por Steinert al director de la PDI, Eduardo Cerna. Dicho documento buscaba conocer las razones del traslado de funcionarios en Tarapacá, acción que posteriormente derivó en la solicitud de remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña, uno de los puntos más polémicos de su mandato.
En segundo lugar, el cerco parlamentario se cerró definitivamente este lunes, cuando se confirmó que diversas bancadas de oposición avanzarían con una interpelación en su contra. El diputado Raúl Leiva (PS), miembro de la Comisión de Seguridad, fundamentó esta medida en la inexistencia de un plan efectivo de seguridad, señalando que el Congreso debe hacer uso de sus facultades constitucionales y reglamentarias ante la falta de respuestas concretas de la autoridad.
A pesar de su salida, la incertidumbre legal persiste. La oposición ha manifestado que analizará la respuesta de la Contraloría al requerimiento del diputado Leiva para evaluar posibles acciones adicionales, que podrían ir desde una acusación constitucional hasta acciones penales, dependiendo del tenor del pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Más allá de los conflictos con la PDI, la gestión de Steinert estuvo plagada de errores operativos y administrativos. Al asumir, debió enfrentar el flanco abierto por los recortes presupuestarios del 3% aplicados a todos los ministerios por decisión de Hacienda. Aunque Steinert detalló inicialmente que estas disminuciones afectarían programas contra el crimen organizado, días después reculó, afirmando que dichos recortes no se aplicarían. Asimismo, fue cuestionada por desvincular a todo el equipo de la Unidad Estratégica, una repartición considerada clave para la operatividad del Ministerio de Seguridad.
En el plano operativo, la ministra se centró en despliegues nacionales y fiscalizaciones masivas a migrantes. Esta estrategia fue criticada incluso por su antecesor, Luis Cordero, quien señaló que el rol del ministerio debía trascender la mera ejecución de operativos policiales.
Uno de los episodios más críticos ocurrió en abril, tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La querella presentada por el Ministerio de Seguridad intentó imputar el delito de secuestro, lo que llevó a un magistrado a acusar al Ejecutivo de hacer "ciencia ficción". Además, se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado, norma que, según la Corte de Valdivia, es de uso exclusivo del Ministerio del Interior, evidenciando un desconocimiento de la legislación básica de su propia repartición.
La relación con otros estamentos del Estado también fue deficiente. Steinert mantuvo una evidente lejanía y fricciones con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y su desempeño en el Congreso fue ampliamente reprochado. El punto culminante de esta falta de coordinación se dio el pasado viernes en una entrevista con Radio Agricultura, donde la ministra afirmó no saber que debía presentar un plan de seguridad estructurado, a pesar de que el "gobierno de emergencia" lo situaba como un eje central. Previamente, había concurrido a la Cámara de Diputados para presentar un plan de siete ejes que, según los legisladores, carecía de medidas concretas y consistió básicamente en una lectura de más de una hora.
Finalmente, cabe destacar que quien más respaldó la designación de Steinert fue el senador Arturo Squella. El timonel de los republicanos no solo propuso su nombre durante la etapa de la Oficina del Presidente Electo (OPE), sino que fue su principal soporte político, llegando incluso a gestionar la incorporación de asesores políticos para fortalecer el equipo de la exministra, quien finalmente no logró encajar en la dinámica del gabinete.
