Una palabra ha sido eliminada del léxico oficial del Gobierno de Venezuela, marcando un cambio significativo en la narrativa del poder. El Ministerio de Comunicación e Información ha dejado de utilizar la denominación de “presidenta encargada” para referirse a Delcy Rodríguez —quien juró dicho cargo en enero— y ha pasado a llamarla simplemente “presidenta”. Este ajuste terminológico consolida una tendencia en la comunicación oficial que apunta hacia la consolidación de la líder del Ejecutivo, mientras se reduce progresivamente la mención a Nicolás Maduro, quien se encuentra actualmente en medio de un proceso judicial en Nueva York.
La trayectoria de Rodríguez en el cargo alcanzó los 180 días a principios de julio, periodo que coincidió con la ocurrencia de terremotos catastróficos que dejaron más de 5.000 fallecidos en el país. Según el análisis de la situación, este desastre natural evitó que surgieran controversias inmediatas sobre el plazo de la presidencia encargada establecido en la Constitución, permitiendo que Rodríguez se afianzara en el cargo principalmente desde la arena discursiva y política.
Aunque Delcy Rodríguez todavía se identifica como “presidenta encargada” en sus redes sociales personales y en algunos comunicados emitidos por la Presidencia, el Ministerio de Comunicación omitió este calificativo hace dos semanas. Esta tendencia ha sido adoptada también por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, quien comenzó a nombrarla como “presidenta” en la plataforma X. Del mismo modo, la Cancillería y diversas cuentas vinculadas al aparato comunicacional chavista han registrado este mismo cambio durante el presente mes.
Desde la perspectiva analítica, el politólogo venezolano John Magdaleno, director de la consultora Polity y profesor universitario, señaló a CNN que, a través de esta nueva denominación, el Gobierno está comunicando la aceptación de la continuidad de Rodríguez al interior de la coalición dominante. Magdaleno observó que en Venezuela la legitimación no opera bajo los procedimientos de una democracia, ya que no existe una legitimación popular, sino una basada en los factores de poder.
Este cambio en la narrativa implica que el gobierno encargado esté produciendo su propio posicionamiento, lo que conlleva a subordinar la exigencia de liberación de Nicolás Maduro. Mientras que en enero los pedidos por el presidente capturado por Estados Unidos eran frecuentes, estas solicitudes se escuchan cada vez menos desde el Palacio de Miraflores.
Por su parte, la politóloga Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, calificó como significativo que el Gobierno haya adoptado este cambio. Para Arteaga, en circunstancias tan sui generis, los elementos simbólicos son fundamentales, sugiriendo que la agenda centrada en el retorno de Maduro está siendo dejada atrás de manera definitiva. La experta añadió que la dinámica política y, especialmente, la tragedia del terremoto funcionaron como una “lápida” para la salida de Maduro del espacio público, ya que la atención nacional se ha concentrado en la emergencia y la situación económica.
El gobierno liderado por Rodríguez enfrenta frentes urgentes agravados por el terremoto y disputas internas históricas. Arteaga recordó que el chavismo no ha sido una unidad monolítica, sino un conjunto de facciones reunidas originalmente bajo el liderazgo de Hugo Chávez. Tras la muerte de Chávez en 2013 y la designación de Maduro como sucesor, persistieron las pugnas por el poder. En este escenario, la facción liderada por Delcy Rodríguez —quien fue canciller y vicepresidenta durante casi una década— ha logrado sobrevivir y consolidarse.
A esta facción se le conoce como el “Rodrigato”, liderado por Delcy y su hermano Jorge Rodríguez. Según Arteaga, este grupo ha logrado desmontar la estructura del madurismo y consolidar su posición a pesar de los cuestionamientos por la extracción de Maduro, sin que se vislumbren amenazas inmediatas de otras facciones.
John Magdaleno complementó que la operatividad de esta autocracia depende de una coalición dominante con acceso a recursos estratégicos de poder. Sugirió que existe un acuerdo, ya sea tácito o explícito, para sostenerse en el poder y gestionar los desacuerdos estratégicos internos. Este patrón sería similar al ocurrido tras la muerte de Chávez, involucrando a figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada, manteniendo cuotas de poder para evitar fracturas.
Sin embargo, este acuerdo entre élites deja fuera a la base militante. Magdaleno indicó que la tutela explícita del Gobierno de Estados Unidos genera una contradicción con la narrativa antiimperialista del chavismo, lo que podría afectar a los sectores más ideologizados. En cuanto a la influencia de Washington, señaló que Estados Unidos ha delimitado acciones en áreas de política pública, obligando al gobierno encargado a tomar decisiones en materia económica, minería y reforma de la ley de hidrocarburos, aunque manteniendo mayor margen de maniobra en nombramientos institucionales, como el del fiscal general y la titular de la Defensoría.
Finalmente, el Gobierno ha anunciado una mesa de enlace para dialogar con un sector de la oposición con el fin de promover la democracia. No obstante, Carmen Arteaga advirtió que los deseos del ciudadano común no parecen estar en la agenda, sugiriendo que el destino del país depende más de circunstancias geopolíticas y acuerdos entre élites que de la opinión pública. Rodríguez buscaría mantener el entendimiento con Donald Trump para posicionarse como su aliada, aunque Arteaga considera que aún es prematuro definirla como más que una figura coyuntural.
