Una delegación oficial del Gobierno de El Salvador se trasladará próximamente a Ginebra con el objetivo primordial de persuadir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que el país sea excluido de la denominada «Lista Corta». Esta lista agrupa a las naciones que han sido señaladas por violar los estándares laborales internacionales. Mientras el Gobierno y la Vicepresidencia proyectan una narrativa de éxito y modernización, diversos sectores denuncian que detrás de este discurso se encuentra un proceso sistemático de desmantelamiento de las organizaciones sindicales.
La permanencia de El Salvador en el radar de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT no es un hecho aislado. Existen dos expedientes fundamentales que han mantenido al país en dicha vigilancia. El primero se refiere a la impunidad persistente en torno al asesinato de Victoriano Abel Vega, un líder sindical de Santa Ana. El segundo se basa en las quejas presentadas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) respecto a la inexistencia de canales efectivos para el diálogo tripartito. Curiosamente, las reclamaciones de la ANEP habían servido en el pasado como un mecanismo que mantenía la atención internacional sobre la situación laboral del país, beneficiando indirectamente a los movimientos sindicales independientes.
Sin embargo, la situación actual ha dado un giro. El despliegue mediático impulsado por el Ministerio de Trabajo y la Vicepresidencia es interpretado por críticos como una estrategia de ingeniería política y no como el resultado de una mejora real en las condiciones de los trabajadores. Bajo la fachada de modernización que se presentará en Ginebra, se reportan datos alarmantes sobre lo que se describe como un terror laboral en las calles de San Salvador.
Según las denuncias, más de 500 líderes sindicales que contaban con fuero legal han sido despedidos de diversas instancias gubernamentales. Estos despidos se habrían ejecutado mediante resoluciones amañadas que ignoran la protección constitucional inherente a sus cargos. A esta situación se suma una purga masiva en el sector público, donde se estima que aproximadamente 47,000 trabajadores gubernamentales han sido despedidos a lo largo de los últimos dos periodos, impactando la estabilidad de miles de familias y precarizando la calidad del servicio público.
El cerco administrativo también ha sido una herramienta de presión. Actualmente, existen más de 200 sindicatos que no cuentan con credenciales vigentes debido a que el Ministerio de Trabajo se niega a reconocerlos, asfixiándolos mediante la burocracia. Paralelamente, 30 nuevas organizaciones independientes permanecen a la espera de una respuesta oficial que no llega. El escenario se torna más grave con el reporte de la impunidad en el asesinato de dos dirigentes sindicales con fuero mientras se encontraban en prisión, la detención de tres sindicalistas y el exilio de otros líderes que han tenido que abandonar el país debido a persecuciones policiales.
Ante este panorama, organizaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), la Confederación Sindical de Trabajadores Salvadoreños (CSTS), la Confederación Unión de Trabajadores Salvadoreños (CUTS) y la Central Autónoma de Trabajadores Salvadoreños (CATS) han presentado documentación y denuncias sistemáticas ante la OIT. Especialmente la CNTS ha trabajado en documentar cómo la estrategia oficial busca aniquilar la dirigencia para eliminar la figura del sindicato.
Este conflicto ha escalado al plano internacional. Entidades como la Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Federación Sindical Mundial (FSM) mantienen un monitoreo constante. Asimismo, delegaciones del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), que visitó la oficina regional de la OIT en Costa Rica en febrero de 2025, y la FESTRAJUSAL del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), han aportado pruebas sobre el incumplimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT, los cuales regulan la libertad sindical y la negociación colectiva.
El interés del Estado salvadoreño por salir de la lista de vigilancia responde, en gran medida, a la necesidad de limpiar su imagen ante los organismos financieros internacionales para obtener liquidez y reconocimiento. No obstante, los sectores afectados advierten que si la OIT decide retirar a El Salvador de la lista en las sesiones de junio en Ginebra, estaría ignorando el clamor de los trabajadores despedidos y la asfixia del movimiento sindical independiente. Mientras el fuero sindical sea ignorado y las credenciales se utilicen como arma política, se sostiene que el país debe permanecer bajo supervisión internacional.
