El caso de Rubén Rocha Moya, ex gobernador de Sinaloa, ha desatado una controversia que trasciende las acusaciones de vínculos con el narcotráfico, apuntando a una posible estrategia política orquestada desde Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena. Según fuentes, Rocha Moya se encuentra más seguro en una celda de máxima seguridad en México que en cualquier otro lugar, anticipando una posible solicitud de extradición por parte de las autoridades estadounidenses.
La preocupación radica en que, de ser extraditado, Rocha Moya podría ser encarcelado en prisiones diseñadas para narcotraficantes mexicanos o colombianos, un destino reservado para aquellos que incomodan a Washington, independientemente de la lucha contra el narcotráfico. Este escenario, según el análisis, sugiere que la acusación contra Rocha Moya no se basa en una genuina preocupación por el combate al crimen organizado, sino en un intento de socavar la legitimidad del actual gobierno mexicano.
La selectividad de la justicia estadounidense es evidente al contrastar el caso de Rocha Moya con el de otros ex gobernadores acusados de delitos similares. Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, y Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, ambos con presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de grandes fortunas, gozan de impunidad y libertad, incluso residiendo en el extranjero. Se les describe como potenciales inversionistas en Estados Unidos, lo que pone de manifiesto un claro sesgo en la aplicación de la ley, favoreciendo a aquellos que no representan una amenaza para los intereses estadounidenses.
La acusación contra Rocha Moya, según el análisis, busca menoscabar la fuerza electoral de Morena, utilizando la figura del ex gobernador como un ejemplo de la corrupción que supuestamente permea al partido en el poder. Sin embargo, esta estrategia se considera simplista y carente de fundamento, ya que la oposición, en su conjunto, se limita a proponer odio y destrucción, sin ofrecer alternativas viables.
La verdadera motivación detrás de la acusación, se argumenta, no es la preocupación por los adictos a las drogas en Estados Unidos, sino la defensa de los intereses de las agencias estadounidenses en México y la venganza contra aquellos que se oponen a su dominio. El detonante de esta situación habría sido el caso de la CIA en Chihuahua, donde agentes estadounidenses fueron sorprendidos en un predio sin evidencia de actividades ilícitas, lo que sugiere un intento de injerencia en asuntos internos mexicanos.
La insistencia de las autoridades estadounidenses en señalar a funcionarios sinaloenses, incluyendo al propio Rocha Moya, se considera endeble y absurda, anticipando que la acusación se derrumbará inevitablemente. La intención real, se afirma, es debilitar al gobierno federal y reafirmar la autodeterminación de México frente a las presiones externas.
Paralelamente, se reconoce que existía una investigación en curso sobre la situación en Sinaloa, iniciada tras la captura de El Mayo Zambada. Esta investigación estaría en manos de la Fiscalía General de la República, aunque su estado actual es desconocido. No obstante, se insiste en que, de haber culpables, deben ser juzgados y condenados por la justicia mexicana, en prisiones mexicanas.
La situación se complica aún más con la llegada a México de Isabel Díaz Ayuso, gobernante de Madrid, España, para reunirse con representantes de la ultraderecha mexicana. Este evento, considerado una coincidencia sospechosa, podría indicar un intento de fortalecer a la oposición y desestabilizar aún más al gobierno de Sheinbaum.
En resumen, el caso de Rocha Moya se presenta como un conflicto de intereses entre México y Estados Unidos, donde la acusación de narcotráfico podría ser simplemente un pretexto para ejercer presión política y socavar la soberanía nacional. La defensa de la autodeterminación de México y la aplicación de la ley en territorio nacional se consideran fundamentales para enfrentar esta situación y proteger los intereses del país. La insistencia en juzgar a los acusados en cárceles mexicanas subraya la importancia de mantener la independencia judicial y evitar la injerencia extranjera en asuntos internos. La situación plantea interrogantes sobre la verdadera motivación detrás de las acciones de Estados Unidos y la necesidad de fortalecer la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones externas.
