La Junta General de Accionistas de Petroperú ha destituido al economista Roger Arávalo de su cargo como presidente, apenas un mes después de su designación. En su lugar, ha sido nombrado Edmundo Lizarzaburu Bolaños, quien previamente ocupó el puesto de director de la compañía estatal en octubre de 2022. El cambio se produce en un contexto de advertencias sobre el posible cese de operaciones en varias refinerías del país y una solicitud de financiamiento de dos mil millones de dólares.
La decisión de la junta, tomada en una reunión el 2 de mayo, también incluyó la aceptación de la renuncia de Carlos Villalobos Dulanto, director del directorio, quien será reemplazado por Berthin Gómez Vela, ex presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
El nuevo directorio de Petroperú estará conformado por Edmundo Lizarzaburu como presidente, Carlos Linares como vicepresidente, y los directores Richard Almerco, Luis Alberto Camino, Julio César De La Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, según información del diario Gestión.
La remoción de Arávalo se produjo después de que alertara sobre el riesgo de paralización de las refinerías y solicitara urgentemente los dos mil millones de dólares para asegurar la operatividad de la empresa. Ante esta petición, el presidente de Perú, José María Balcázar, le retiró públicamente su confianza, estableciendo como condición para continuar con el proceso la salida de Arávalo.
Mientras no tengamos funcionarios que apunten a hacer un buen manejo de los recursos económicos, es necesario poner orden , declaró el presidente Balcázar en una entrevista con Exitosa. El mandatario también señaló que se han detectado irregularidades, incluyendo privilegios a proveedores y decisiones financieras sin justificación adecuada. Incluso cuestionó la distribución de utilidades en una empresa que, según su criterio, no está generando ganancias reales.
Arávalo, en declaraciones a la prensa tras su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, insistió en que Petroperú necesita más de dos mil millones de dólares para mantener sus operaciones. Especificó que el pedido se refiere a la obtención de créditos de capital privado, descartando un financiamiento directo del Tesoro Público. No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú que es rentable por sí misma , afirmó.
La situación de Petroperú se agrava con la necesidad de asegurar el suministro de combustible a nivel nacional. La advertencia de Arávalo sobre la posible paralización de las refinerías ha generado preocupación en el gobierno y en el sector privado. La empresa estatal es responsable de una parte significativa de la producción y distribución de combustibles en el país, y cualquier interrupción en sus operaciones podría tener consecuencias graves para la economía y la población.
El cambio en el liderazgo de Petroperú se produce en un momento crítico para la empresa y para el sector energético del Perú. El nuevo presidente, Edmundo Lizarzaburu, deberá enfrentar el desafío de encontrar soluciones financieras para garantizar la operatividad de las refinerías y restaurar la confianza en la gestión de la empresa estatal.
La solicitud de financiamiento de dos mil millones de dólares plantea interrogantes sobre la salud financiera de Petroperú y la viabilidad de su modelo de negocio. Si bien Arávalo argumentó que la empresa es rentable y puede pagar los créditos por sí misma, las dudas expresadas por el presidente Balcázar sugieren que existen problemas más profundos que deben ser abordados.
El gobierno peruano se encuentra ahora ante la tarea de evaluar las opciones disponibles para apoyar a Petroperú y evitar una crisis en el suministro de combustible. La búsqueda de financiamiento privado, la revisión de la gestión de la empresa y la implementación de medidas de control y transparencia son algunas de las acciones que podrían tomarse para estabilizar la situación.
La remoción de Roger Arávalo y la designación de Edmundo Lizarzaburu marcan un nuevo capítulo en la historia de Petroperú. El futuro de la empresa estatal y la seguridad energética del Perú dependerán de la capacidad del nuevo equipo directivo para superar los desafíos actuales y garantizar un suministro confiable y asequible de combustible para todos los peruanos. La situación exige una respuesta rápida y efectiva para evitar consecuencias negativas para la economía y la sociedad.
