Partidos con fórmulas presidenciales exclusivamente masculinas están siendo señalados como discriminatorios en Colombia, a medida que se acerca el período electoral. La discusión se centra en la necesidad de una mayor conciencia de género y la superación de discursos machistas, según una columna publicada en El País Cali.
La columnista, abogada con un doctorado en Gobierno de la London School of Economics y miembro de la Comisión Preparatoria sobre Administración Pública de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, analiza las estrategias de las candidatas con mayores posibilidades, Claudia López y Paloma Valencia. López, con experiencia administrativa, se apoya en los logros históricos de las mujeres en la política colombiana, recordando a pioneras como Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, quienes lucharon por el derecho al voto femenino. Sin embargo, la columnista critica la omisión de la ley de cuotas, una conquista del movimiento social de mujeres y presentada por la Federación Internacional de Abogadas (Fida), que se materializó con la ley 581 del 2000. Esta ley, según la autora, fue fundamental para que las mujeres comenzaran a ocupar niveles decisorios en el gobierno, alcanzando un 30% de representación en ternas para Cortes, Fiscalía y entes de control.
A pesar de los avances logrados gracias a las listas cerradas cremallera en las últimas elecciones, la columnista lamenta que no se haya alcanzado la masa crítica necesaria para imponer una ética del cuidado y promover políticas como el ecofeminismo y la reforma agraria con ecoaldeas matriarcales, consideradas claves para una paz duradera. Destaca la aprobación de leyes importantes impulsadas por la bancada femenina, como la ley Rosa Elvira Celis contra el feminicidio, las leyes para las empleadas domésticas y la ley contra la misoginia en la política, que busca garantizar la igualdad en la financiación de las campañas electorales.
En cuanto a Paloma Valencia, la columnista observa una evolución en su discurso, pasando de presentarse como heredera del legado de Álvaro Uribe a destacar su parentesco con Josefina Valencia, buscando distanciarse de un pasado marcado por la guerra y los falsos positivos. La elección de Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula se interpreta como un intento de atraer al electorado LGBTQIA+, que representa el 9% de la población colombiana.
El artículo también menciona la fórmula de Iván Cepeda, quien ha elegido a Aida Quilcué, representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), como vicepresidenta. La columnista expresa la esperanza de que Quilcué no sufra el mismo destino que Francia Márquez y Marta Lucía Ramírez, quienes fueron relegadas a un papel secundario y vieron truncadas sus carreras políticas.
La columna concluye con un sentido homenaje a Patricia Mosquera, vocera de la Asociación de Integración de Mujeres Pureñas en pro del Desarrollo y del Colectivo de Mujeres Afropatianas, víctima de las bombas genocidas en el Cauca y el Valle. La autora propone plantar un árbol en su memoria, simbolizando la continuidad de la vida y la lucha por la justicia.
La reflexión central de la columna es la necesidad de superar la exclusión de las mujeres en las fórmulas presidenciales y promover una mayor representación femenina en la política colombiana. La autora subraya que la discriminación en la financiación de las campañas electorales ha sido un obstáculo para la elección de mujeres y aboga por una mayor conciencia de género en el debate público. La experiencia histórica de las mujeres en la lucha por sus derechos, desde el sufragio femenino hasta la aprobación de leyes contra la violencia de género, es presentada como un legado que debe ser reconocido y fortalecido.
La columnista, con su trayectoria en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y su participación en la promoción del Artículo 40 de la Constitución (ley de cuotas), aporta una perspectiva experta y comprometida con la igualdad de género. Su análisis crítico de las estrategias de los candidatos y candidatas, así como su denuncia de la violencia contra las mujeres líderes sociales, contribuyen a enriquecer el debate público y a promover una reflexión profunda sobre el papel de las mujeres en la política colombiana. La mención de las víctimas de las bombas genocidas, como Patricia Mosquera, añade una dimensión humana y emotiva al artículo, recordando la importancia de la memoria histórica y la lucha por la justicia.
La columna, en definitiva, es un llamado a la acción para superar las barreras que impiden la plena participación de las mujeres en la vida política colombiana y construir una sociedad más justa e igualitaria. La autora enfatiza que la conciencia de género debe prevalecer sobre los discursos machistas y que la inclusión de las mujeres en las fórmulas presidenciales es un paso fundamental para avanzar hacia una democracia más representativa y participativa. La referencia a las leyes aprobadas gracias al trabajo de las mujeres en la bancada femenina, como la ley contra el feminicidio y la ley para las empleadas domésticas, demuestra el impacto positivo que puede tener la representación femenina en la formulación de políticas públicas.
