Santiago, Chile La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, salió al frente este jueves 30 de abril para desmentir categóricamente una publicación del diario La Segunda que la vinculaba a un exdefensor de narcotraficantes. La controversia surge de la existencia de una sociedad, actualmente inactiva, que mantiene con su exmarido, quien, según el citado medio, aparece en el registro de abogados que han representado a personas involucradas en delitos de narcotráfico.
La publicación de La Segunda aludía a una presunta conexión entre la ministra y su exesposo, basándose en su participación conjunta en una sociedad constituida hace 25 años. El diario señaló que el exmarido de Steinert se encuentra inscrito en el catastro de defensores en caso de narcotráfico que la Ley de Drogas obliga a registrar , lo que generó una inmediata reacción por parte de la titular de Seguridad Pública.
Visiblemente molesta, Steinert abordó la acusación al término de sus actividades oficiales, enfatizando que la sociedad en cuestión es una entidad sin actividad desde su origen. El abogado con el que el titular me vincula es mi exmarido, con quien hace 25 años conformamos una sociedad que nunca tuvo movimientos y que no disolvimos una vez anulado nuestro matrimonio , explicó la ministra.
Steinert aclaró que la sociedad, aunque formalmente existente, nunca realizó operaciones financieras ni comerciales. Su persistencia en el registro mercantil se debe, según sus palabras, a la falta de disolución formal tras el divorcio. La ministra calificó la insinuación del diario como una falta de ética periodística y una clara intención de dañar su reputación.
Profundizando en la defensa de su exmarido, Steinert reveló que, tras conversar con él a raíz de la publicación, este le confirmó haber representado a una persona vinculada a delitos de narcotráfico en una única ocasión, hace 16 años. En una sola oportunidad, hace 16 años, representó a una persona vinculada a este tipo de delitos que señala el titular del periódico , precisó la ministra.
Sin embargo, Steinert enfatizó que el hecho de haber representado a un individuo acusado de narcotráfico no implica ningún vínculo con el delito ni compromete su integridad como ministra de Seguridad Pública. Subrayó que la defensa legal es un derecho fundamental y que todo acusado tiene derecho a ser representado por un abogado, independientemente de la gravedad de los cargos que se le imputen.
La ministra rechazó con firmeza la insinuación de que su exmarido haya actuado de manera indebida o que su sociedad con él represente un conflicto de interés. Argumentó que la sociedad es meramente formal y que no ha tenido ninguna influencia en sus decisiones o acciones como ministra.
Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión; en política, no todo vale , concluyó Steinert, dejando claro su descontento con la publicación de La Segunda y su compromiso con la transparencia y la ética en el ejercicio de sus funciones.
La declaración de la ministra Steinert ha generado un debate en el ámbito político y mediático. Algunos sectores han defendido su derecho a la privacidad y han criticado la publicación de La Segunda por considerarla una difamación. Otros, en cambio, han cuestionado la falta de transparencia en la declaración de la sociedad con su exmarido y han pedido una investigación más exhaustiva para esclarecer los hechos.
La controversia se produce en un momento delicado para el gobierno, que enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad pública. La acusación contra la ministra Steinert podría afectar su credibilidad y su capacidad para liderar la lucha contra el crimen organizado.
El diario La Segunda, por su parte, ha defendido su publicación, argumentando que actuó en base a información pública y que su objetivo fue informar a la ciudadanía sobre un posible conflicto de interés. El medio ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades en cualquier investigación que se realice sobre el tema.
El caso de la ministra Steinert pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la ética en la vida pública. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los vínculos y las relaciones de sus representantes, para poder evaluar su imparcialidad y su capacidad para tomar decisiones en beneficio del interés general. La sociedad espera que los funcionarios públicos actúen con integridad y que rindan cuentas por sus acciones.
