El Poder Judicial impuso una restricción de salida del país por 18 meses a Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de una investigación por presunta colusión relacionada con las elecciones del 12 de abril. La medida, dictada por el juez Manuel Chuyo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, también se extiende a otros cinco implicados, incluyendo al gerente de la empresa Galaga, encargada del reparto del material electoral durante los comicios.
El juez Chuyo justificó la medida argumentando la necesidad de delimitar la ubicación de los investigados para minimizar el riesgo de fuga y facilitar la investigación de las presuntas irregularidades detectadas, las cuales podrían constituir delitos. En esta sesión lo único que se está determinando es la necesidad de investigación, de esclarecer los presuntos hechos ilícitos, esclarecer las presuntas irregularidades advertidas con presuntos visos de comisión delictiva y a partir de ello poder ser que los investigados puedan ser ubicados cada vez que el Ministerio Público requiera su presencia , declaró el magistrado al emitir su resolución.
Corvetto y los demás investigados aceptaron voluntariamente la restricción impuesta por el Ministerio Público. El exfuncionario de la ONPE, en declaraciones a la prensa, calificó su decisión como una muestra evidente de compromiso para colaborar con la justicia , enfatizando que esto no implica un reconocimiento de culpabilidad ni la convalidación de la hipótesis fiscal.
Yo soy el principal interesado en que se conozca la verdad, en que se sepa qué sucedió , afirmó Corvetto, insistiendo en que siempre actuó con respeto estricto a las normas, y sobre todo con integridad en cada uno de mis actos, siempre con un elevado compromiso con el servicio público y con los valores de honestidad y transparencia que caracterizan a la ONPE , la entidad que dirigió por más de cinco años y medio.
Corvetto se mostró confiado en que, una vez transcurrido el período de 18 meses, podrá demostrar su inocencia y la inexistencia de responsabilidad penal en su contra. Estoy convencido que terminado este periodo temporal de 18 meses que solicita la Fiscalía, tendré la oportunidad de poder evidenciar mi inocencia y la inexistencia de responsabilidad penal de mi parte , expresó.
Durante la audiencia, se abordó también el hallazgo de un tercer pasaporte en el domicilio de Corvetto. El exfuncionario explicó que se trataba de un documento sin vigencia, que había sido reemplazado por uno nuevo con una validez de diez años. Detalló que había acudido a la Superintendencia Nacional de Migraciones para renovar su pasaporte con anticipación, como es su costumbre, para evitar problemas al viajar a países con requisitos estrictos de vigencia del documento.
Durante los primeros meses de este año fui a Migraciones a renovar mi pasaporte. Trato de renovar mi pasaporte siempre seis meses antes de que se venza, porque existen algunas limitaciones para entrar a algunos países luego de ese tiempo , explicó Corvetto.
Corvetto precisó que el pasaporte encontrado ya no estaba vigente , y que todos sus datos han sido actualizados y confirmados por el sistema de Migraciones. Subrayó que los códigos de lectura del código de barras del pasaporte vencido son diferentes a los del documento actual, lo que imposibilita su uso. Ese tercer pasaporte perdió cualquier posibilidad de uso. La vigencia la tiene el nuevo pasaporte, el que reitero, fue entregado en su oportunidad y voluntariamente al Ministerio Público , concluyó.
La disposición judicial implica que Corvetto y los otros implicados no podrán abandonar el territorio nacional durante los próximos 18 meses. La Superintendencia Nacional de Migraciones ha sido notificada para ejecutar la medida, impidiendo su salida del país a través de cualquier punto de control migratorio.
La investigación se centra en posibles actos de colusión en el proceso electoral del 12 de abril, y busca determinar si hubo irregularidades en la contratación de servicios o en la distribución del material electoral. El Ministerio Público continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados. La medida de impedimento de salida del país es una de las herramientas que utiliza la Fiscalía para asegurar la presencia de los investigados durante el desarrollo de la investigación y evitar posibles obstrucciones a la justicia.
