El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por la demora en la entrega del material electoral durante las elecciones del 12 de abril. La decisión fue ordenada por el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo, tras la sustentación del equipo de fiscales especializados en delitos de corrupción, conformado por Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moíses Quispe, quienes argumentaron una posible fuga que perjudicaría el curso de la investigación.
La medida judicial también alcanza a Phang Sánchez, Otoya Alvarado, Flores Pancho, Samamé Blas y Alvarado Pfuyo, todos investigados por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. El juez Chuyo justificó la necesidad de mantener la ubicación de los investigados dentro del país para minimizar el riesgo de fuga.
Durante la audiencia ante el Poder Judicial, los fiscales detallaron cómo se habría favorecido a la empresa Galaga SAC en el proceso de contratación del transporte de material electoral. El fiscal Reynaldo Abia inició la sustentación cuestionando las designaciones realizadas por Piero Corvetto, en particular la del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, a quien se le reprocha su falta de experiencia en logística a gran escala, lo que, según el fiscal, debilitó la toma de decisiones en la ONPE.
Abia argumentó que, si bien los lineamientos para la contratación de bienes y servicios se establecieron el año pasado, sufrieron modificaciones que impiden que los postores impugnen los resultados, lo que le permitió la discrecionalidad absoluta de los evaluadores y la inmutabilidad de la decisión . Además, señaló que la imposibilidad de revisar los acuerdos administrativos concentró la decisión final en un número reducido de personas.
El fiscal Abia enfatizó la necesidad de que Corvetto permanezca en el país debido a la gran cantidad de documentación incautada, incluyendo celulares, que requieren peritajes especiales. Hay mucha documentación, se han incautado celulares y se requieren peritajes especiales. La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren estos hechos graves , afirmó.
Por su parte, el fiscal Roosvelt Morales detalló cómo se habrían flexibilizado los términos de referencia (TDR) para beneficiar a Galaga SAC, describiendo un plan criminal que involucraría a otros funcionarios de la ONPE. Se habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Pfuyo para que esta empresa se vea beneficiada de la buena pro. ( ) también se habrían flexibilizado los términos de referencia en desmedro de los intereses del Estado , declaró Morales.
Según el fiscal Morales, el TDR permitía al proveedor subcontratar el 40% del monto contratado, lo que significaba que no era necesario contar con todos los vehículos propios, sino que se podía recurrir a terceros. El TDR se realizó con proyección de favorecer a la empresa Galaga , indicó. Morales también alertó sobre el investigado José Samamé Blas, quien tiene tres domicilios distintos, lo que considera un indicio de posible salida del país. Desde el 13 de abril ya no trabaja en la institución, eso puede hacer que él salga fácilmente al no tener un arraigo. Cuenta con pasaporte y un movimiento migratorio que determina que podría viajar a otros países", añadió.
El fiscal Moisés Quispe sustentó la responsabilidad del subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, en las fallas logísticas de las elecciones, acusándolo de concertarse con el proveedor y dar conformidad a servicios deficientes. Advertimos que la formulación de los TDR habría sido determinada de manera posterior y no previa al desarrollo del procedimiento. Los lineamientos se habrían realizado en coordinación con los proveedores en una diligencia previa", indicó Quispe. Quispe también resaltó el peligro de fuga, considerando la pena de 15 años por delito de colusión agravada, y la necesidad de la presencia física de los investigados para el análisis de la información contenida en sus dispositivos electrónicos.
El fiscal Abia también expuso irregularidades en el puntaje y la situación de Hilda Otoya, asistente de Distribución II de la Gerencia de Producción Electoral, quien se encargó de la elaboración, tramitación y gestión del servicio, determinando la relación de conductores, placas y personal para el traslado del material electoral. Se presume que Otoya habría concertado con Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Galaga SAC, para favorecer a su empresa.
Respecto al cumplimiento del contrato por parte de Galaga SAC, el fiscal mencionó la aplicación de un doble estándar: Yo te exijo que sea de esta manera, pero en la ejecución del contrato te doy la posibilidad de que sea flexible. Ese doble estándar es lo que ha llevado a favorecer a la empresa Galaga . El fiscal también señaló que los evaluadores permitieron una evaluación arbitraria de las dimensiones de los vehículos, incluyendo la cabina, a pesar de que los TDR solo admitían las tarjetas de propiedad, lo que disminuyó los puntajes de las demás empresas.
Asimismo, el fiscal cuestionó el accionar de Lilia Flores, gerenta de Supervisión y Fondos Partidarios, quien fue designada para participar en el proceso de selección de vehículos, aplicando un criterio no previsto en los TDR, restando metros a la longitud de los vehículos de otros postores para favorecer el puntaje de Galaga, otorgando la buena pro a pesar de tener un costo mayor, causando un perjuicio patrimonial estimado en S/469,404.75.
El abogado Julio Arbizu, defensa legal de Piero Corvetto, se allanó al pedido de impedimento de salida, aclarando que la decisión se tomó para colaborar con la investigación y no como reconocimiento de los hechos imputados al exjefe de la ONPE. Arbizu había anunciado su posición un día antes de la audiencia, tras coordinar con su defendido la aceptación del pedido de la Fiscalía. Nosotros hemos tomado la decisión, por supuesto invocada por Piero Corvetto, de allanarnos al impedimento de salida del país. En la diligencia de mañana lo vamos a expresar de manera explícita. No vamos a discutir el requerimiento de impedimento de salida del país propuesto por la Fiscalía , declaró.
