Brasilia, Brasil El Congreso brasileño aprobó este jueves una medida que reduce potencialmente la pena de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo, en una nueva derrota para el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión, tomada con 318 votos a favor y 144 en contra en la Cámara de Diputados, y 49 a favor y 24 en contra en el Senado, anula un veto presidencial a una ley que modifica el cálculo de los tiempos de cárcel.
Esta ley, conocida como la ley de dosimetría , no solo podría beneficiar a Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por problemas de salud, sino también a los participantes en los actos vandálicos del 8 de enero de 2023, cuando seguidores bolsonaristas asaltaron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia. La corte suprema brasileña interpretó estos hechos como parte de un intento de golpe de Estado.
La aprobación de esta ley se produce menos de 24 horas después de que el Senado rechazara el candidato de Lula para la corte suprema, marcando una serie de reveses para el gobierno izquierdista a pocos meses de las elecciones presidenciales de octubre. El hijo del expresidente, Flávio Bolsonaro, se perfila como un fuerte contendiente en estas elecciones, apareciendo en las encuestas en un empate técnico con Lula.
Durante la tensa sesión parlamentaria, el diputado bolsonarista Luciano Zucco declaró abiertamente que el voto era en favor de Bolsonaro y anticipó la búsqueda de una amnistía más amplia, vinculándola a la posible elección de Flávio Bolsonaro como presidente. Por el mayor líder de la derecha, Jair Messias Bolsonaro, la derecha vota no (al veto) y espera que la amnistía amplia y general venga con la elección de Flávio Bolsonaro , afirmó Zucco.
La diputada oficialista Gleisi Hoffmann criticó duramente la decisión, argumentando que permitir la reducción de la pena a Bolsonaro equivale a legitimar un intento de golpe de Estado. Bolsonaro no ganó en las urnas y quería ganar por la fuerza, por eso la amnistía y votar este proyecto de dosimetría son permitir que eso suceda nuevamente , declaró Hoffmann.
Antes de la aprobación de la ley, Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión en septiembre por su papel en el intento de golpe, solo podía optar a beneficios procesales en 2033. La anulación del veto presidencial acelera este plazo, abriendo la posibilidad de que el expresidente pueda obtener una reducción de su condena.
La corte suprema ha sido objeto de críticas por parte de la derecha tras la condena a Bolsonaro en 2025, un juicio que incluso provocó represalias por parte del gobierno de Donald Trump. La decisión del Congreso de anular el veto presidencial se suma a estas tensiones y plantea interrogantes sobre el futuro de la justicia en Brasil.
La aprobación de esta ley representa un desafío significativo para Lula, quien busca su reelección en octubre. La posibilidad de que Bolsonaro vea reducida su pena de prisión podría galvanizar a sus seguidores y complicar las perspectivas del actual presidente. Además, la ley podría generar un clima de impunidad en relación con los actos del 8 de enero, alentando a futuros intentos de desestabilización política.
El gobierno de Lula ha condenado la decisión del Congreso, calificándola de un ataque a la democracia y al Estado de derecho. Sin embargo, la mayoría parlamentaria de la oposición logró imponer su voluntad, demostrando su capacidad para bloquear las iniciativas del gobierno y avanzar en su propia agenda.
La situación política en Brasil se ha vuelto cada vez más polarizada en los últimos años, con una fuerte división entre los partidarios de Lula y los de Bolsonaro. La aprobación de esta ley exacerba aún más esta polarización y plantea serias dudas sobre la estabilidad política del país.
La comunidad internacional ha seguido de cerca los acontecimientos en Brasil, expresando su preocupación por el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de derecho. La decisión del Congreso de reducir potencialmente la pena a Bolsonaro podría generar críticas y presiones externas, especialmente por parte de países que defienden los valores democráticos.
El futuro de Bolsonaro y de los responsables de los actos del 8 de enero sigue siendo incierto. La aplicación de la ley de dosimetría dependerá de las decisiones de los tribunales, que deberán evaluar si los beneficios procesales son aplicables en cada caso. Sin embargo, la aprobación de la ley ha abierto una puerta a la impunidad que podría tener consecuencias significativas para la democracia brasileña.
