La Fiscalía colombiana acusó formalmente este jueves a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La acusación formal se produce en medio de una investigación que ha sacudido los cimientos del gobierno y ha llevado a la detención de otros altos funcionarios.
Los exministros son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, Bonilla y Velasco habrían coordinado reuniones, impartido instrucciones y realizado un seguimiento exhaustivo para influir en la asignación de proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), favoreciendo a determinados congresistas.
El objetivo principal de estas acciones, según la investigación, era asegurar el respaldo de los legisladores a las iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La Fiscalía ha detallado que entre junio y septiembre de 2023, Velasco y Bonilla aparentemente intervinieron en 78 contratos que sumaban un total de 612.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 167 millones de dólares). De estos contratos, solo siete llegaron a concretarse.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre del mismo año, los exministros presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales adicionales en la Ungrd, por un valor de 86.619 millones de pesos (unos 23,6 millones de dólares). Aunque estos negocios no se materializaron, la Fiscalía señala que los congresistas que se beneficiarían de estas acciones deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
La investigación también revela que, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, Velasco y Bonilla habrían mediado ilegalmente para que un contrato por 35.000 millones de pesos (alrededor de 9,5 millones de dólares) fuera adjudicado a personas cercanas a un congresista específico. Sin embargo, esta maniobra tampoco llegó a buen término.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó este jueves, en segunda instancia, la medida de aseguramiento impuesta a ambos exministros, lo que significa que permanecerán detenidos preventivamente mientras avanza el proceso judicial. La decisión del tribunal refuerza la gravedad de las acusaciones y la determinación de la justicia por investigar a fondo el caso.
El escándalo de corrupción en la Ungrd, la entidad gubernamental encargada de la gestión de emergencias y desastres naturales en Colombia, salió a la luz pública en febrero de 2024 a través de investigaciones periodísticas. Desde entonces, el caso ha ido creciendo en magnitud, involucrando a un número cada vez mayor de altos funcionarios del Gobierno.
Este escándalo es considerado el más grave que ha enfrentado el Gobierno de Gustavo Petro desde que asumió el poder. Hasta la fecha, ha resultado en la detención de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Además, se han dictado condenas contra exdirectivos de la Ungrd y otros funcionarios implicados en las irregularidades.
La Fiscalía continúa ampliando la investigación para determinar el alcance total de la red de corrupción y la identidad de todos los involucrados. Se espera que en los próximos días se presenten nuevas pruebas y testimonios que puedan arrojar más luz sobre este complejo caso que ha generado una profunda crisis política en Colombia. La opinión pública observa con atención el desarrollo de la investigación, exigiendo transparencia y justicia en el caso. El gobierno Petro, por su parte, ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y ha asegurado que colaborará plenamente con la justicia para esclarecer los hechos.
