El modelo económico peruano, aclamado durante años como un caso de éxito en la reducción de la pobreza, enfrenta un escrutinio cada vez mayor debido a la persistente y creciente desigualdad en la distribución de la riqueza. Si bien millones de peruanos lograron salir de la pobreza, este progreso no se tradujo en un bienestar duradero ni en una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico.
Este modelo, instaurado en la década de 1990 en un contexto de dictadura y como respuesta a la grave crisis económica de finales de los años ochenta –caracterizada por una hiperinflación devastadora y una crisis fiscal profunda– se basó en la liberalización de mercados y la disciplina macroeconómica. Estas decisiones, más allá de su justificación técnica, tuvieron un fuerte componente político, adoptándose en un escenario de concentración del poder que limitó el debate público. Este origen explica tanto las fortalezas como las omisiones de un modelo que, según expertos, necesita ser revisado y mejorado.
Un reciente informe, “Riqueza y desigualdad en el Perú”, elaborado con el apoyo de Oxfam, revela una concentración alarmante de la riqueza en manos de una élite. El estudio indica que el 0.1% más rico de la población peruana acumula alrededor del 22% de los ingresos totales del país. Los investigadores advierten que la desigualdad real podría ser aún mayor, ya que las estadísticas oficiales tienden a subestimar la riqueza de los sectores más acomodados.
El modelo económico de las últimas décadas priorizó la expansión del mercado, descuidando la construcción de mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza, protección social y formalización laboral. Como resultado, la salida de la pobreza para muchos peruanos fue precaria y vulnerable, una fragilidad que quedó expuesta de manera dramática durante la pandemia de COVID-19. La crisis sanitaria y económica exacerbó las desigualdades preexistentes, sumiendo a un gran número de personas nuevamente en la pobreza y la vulnerabilidad.
El informe sitúa a Perú como el país con mayor desigualdad en el mundo en 2022, un dato que exige una reflexión profunda sobre la sostenibilidad y la justicia del modelo económico actual. Insistir en la defensa acrítica de este modelo, según analistas, equivale a ignorar la evidencia y perpetuar una situación insostenible.
Es crucial reconocer que los avances logrados en materia de estabilidad macroeconómica no son suficientes por sí solos para garantizar un desarrollo inclusivo y equitativo. La estabilidad económica es una condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar el bienestar de la población en su conjunto. Se requiere de políticas públicas que promuevan la redistribución de la riqueza, fortalezcan la protección social y fomenten la formalización laboral.
En el contexto de los complejos comicios que atraviesa Perú, es imperativo impulsar un debate de altura y con visión de Estado sobre las reformas necesarias para equilibrar el crecimiento económico con una mayor equidad social. Este debate no puede ser evitado ni postergado, ya que la tensión social existente se intensifica y podría tener consecuencias negativas para la estabilidad del país.
Negar la necesidad de abordar la desigualdad no hará que el problema desaparezca, sino que lo agravará. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos genera resentimiento social, desconfianza en las instituciones y puede conducir a la inestabilidad política.
La discusión sobre el futuro del modelo económico peruano debe incluir la revisión de las políticas fiscales, la inversión en educación y salud, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la promoción de la formalización laboral. Es fundamental crear un entorno que favorezca la igualdad de oportunidades y permita que todos los peruanos puedan beneficiarse del crecimiento económico.
El desafío para Perú es construir un modelo económico más justo, inclusivo y sostenible, que garantice un futuro mejor para todos sus ciudadanos. Esto requiere de un compromiso político firme, una visión de largo plazo y una participación activa de la sociedad civil. La evidencia es clara: el crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Se necesita una distribución más equitativa de la riqueza para construir una sociedad más próspera y cohesionada. La persistencia en el statu quo solo profundizará las divisiones sociales y pondrá en riesgo la estabilidad del país.
