El coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, solicitó formalmente a la Cámara de Senadores iniciar un proceso de juicio político y destitución contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. La petición se basa en acusaciones de violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y actos considerados como “traición a la patria”, derivados de la autorización que, según el PT, el gobierno de Campos otorgó para la operación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la entidad.
Sandoval Flores fundamentó la solicitud en la defensa de la soberanía nacional, argumentando que esta “no está a negociación ni puede quedar sometida a intereses extranjeros”. La decisión del PT surge tras declaraciones públicas de diversas autoridades chihuahuenses que reconocieron la presencia y colaboración de agencias de seguridad estadounidenses, incluyendo la CIA, el FBI, la DEA (Administración de Control de Drogas) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en operativos de seguridad dentro del estado.
El coordinador del PT enfatizó que la colaboración con agencias extranjeras, particularmente en materia de seguridad, representa una vulneración a la autonomía y a la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La bancada del PT considera que la gobernadora Campos, al permitir la operación de agentes de la CIA en territorio chihuahuense, ha comprometido la soberanía nacional y ha actuado en contravención de los principios constitucionales.
Sin embargo, la propuesta del PT encontró una respuesta cautelosa por parte de Morena, el partido en el poder a nivel federal. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su desacuerdo con la solicitud de juicio político y anunció su intención de dialogar con Sandoval Flores al respecto.
Monreal Ávila argumentó que “son tiempos de unidad” y que el país necesita mantener la cohesión nacional frente a la postura, que considera, hostil de algunos gobiernos extranjeros. El ex gobernador de Zacatecas subrayó la importancia de evitar la confrontación y de fortalecer el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“No sabía que había presentado demanda de juicio político. Yo me inclino más por el diálogo y la conciliación. No me gusta la confrontación. El país necesita mantener la unidad nacional frente a la hostilidad del gobierno extranjero. Nosotros no podemos dividirnos”, declaró Monreal en entrevista colectiva en San Lázaro.
Monreal Ávila expresó su preocupación por el impacto que un juicio político contra una gobernadora podría tener en la relación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, así como en la estabilidad política del país. En ese sentido, enfatizó la necesidad de preservar la “relación republicana” entre los gobernadores y la presidenta de la República.
“Hay que caminar fortaleciendo la conducción y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y no soy partícipe de juicios políticos que alteren la relación republicana de gobernadores con la presidenta de la República, o con el gobierno federal”, añadió.
La discrepancia entre el PT y Morena sobre este tema pone de manifiesto las tensiones existentes dentro de la coalición gobernante, a pesar de los llamados a la unidad. Mientras que el PT adopta una postura más radical en defensa de la soberanía nacional, Morena prefiere una estrategia de diálogo y conciliación, buscando evitar confrontaciones que puedan debilitar la estabilidad política del país.
La solicitud de juicio político contra la gobernadora Campos seguramente generará un debate intenso en el Senado y en la opinión pública. La decisión final sobre si se inicia o no el proceso de juicio político dependerá de la evaluación que realicen los senadores sobre las pruebas presentadas por el PT y de la consideración de los argumentos esgrimidos por Morena y otros grupos parlamentarios.
El caso de Chihuahua también plantea interrogantes sobre la naturaleza y el alcance de la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Si bien la cooperación bilateral es una práctica común, la presencia y operación de agentes de la CIA en territorio mexicano ha sido históricamente un tema sensible y controvertido, debido a las implicaciones que puede tener para la soberanía nacional y para la autonomía del Estado mexicano.
La controversia en torno a la gobernadora Campos y la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua podría reabrir el debate sobre la necesidad de establecer límites claros y transparentes a la colaboración en materia de seguridad, con el fin de proteger la soberanía nacional y garantizar el respeto a las leyes mexicanas.
