La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) atraviesa un momento de profunda tensión interna tras la aprobación de una propuesta de compensación al Fondo Común Municipal. El conflicto ha escalado al punto de que diversos jefes comunales, principalmente de sectores de oposición y progresistas, evalúan abandonar la organización, acusando que el acuerdo fue alcanzado de manera apresurada y sin el consenso adecuado entre sus miembros.
El epicentro de la controversia radica en una negociación pactada entre el presidente de la AChM, Gustavo Alessandri (RN), y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según denuncian los alcaldes críticos, este acuerdo se realizó "a la rápida" con el objetivo de viabilizar una megarreforma. La falta de legitimidad del proceso fue uno de los puntos más destacados durante un punto de prensa realizado este jueves en el frontis de la AChM, edificio ubicado estratégicamente detrás del Ministerio de Hacienda.
Uno de los aspectos que ha generado mayor indignación es el mecanismo de votación utilizado para validar la iniciativa. Los alcaldes denunciaron que la Asociación resolvió aprobar la propuesta mediante una votación realizada a través de WhatsApp. El resultado fue sumamente ajustado, obteniendo el respaldo del directorio por un margen mínimo de un solo voto, con siete apoyos frente a seis rechazos.
Ante este escenario, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, manifestó que el liderazgo de Gustavo Alessandri no ha estado a la altura de las circunstancias. Debido a esto, Tamayo adelantó que planteará formalmente su salida de la AChM en la próxima sesión de su Concejo Municipal, reflejando el malestar de un grupo de opositores que consideran que la representación de la asociación ha fallado.
La crítica no se limita únicamente a la forma en que se tomó la decisión, sino al fondo de la propuesta. Los jefes comunales sostienen que el mecanismo de compensación, tal como está redactado y ya aprobado por la Comisión Mixta, terminaría favoreciendo a las comunas más ricas del país, profundizando las desigualdades territoriales ya existentes.
En este sentido, la vicepresidenta de la AChM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), fue enfática al señalar que la indicación del Ejecutivo fue acordada con una fracción de los alcaldes y alcaldesas, pero no representó la voluntad de la Asociación en su conjunto. Delfino detalló el impacto financiero de la medida, señalando que se estaría financiando con impuestos generales, principalmente a través del IVA, la entrega de más de 13 mil millones de pesos a comunas como Las Condes, mientras que Quinta Normal recibiría solamente 59 millones de pesos. La situación es aún más crítica para Cerro Navia, que según las cifras presentadas, recibiría apenas 4 millones de pesos.
Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), calificó la propuesta como "una aberración y regresivo". Vodanovic argumentó que resulta injusto que vecinos de comunas populares, que viven en contextos de pobreza y a menudo enfrentan la falta de recursos en sus municipios, terminen financiando, a través de sus consumos diarios como la compra de pan o leche, un subsidio anual de más de 30 mil millones de pesos destinado a las tres comunas más acaudaladas de Santiago.
La crisis también ha alcanzado al sector de la Democracia Cristiana. El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, acusó al Gobierno de incumplir lo pactado con la Falange. Según Toro, la DC había aprobado la exención de contribuciones en la Cámara bajo la premisa de que el 100% de la compensación quedaría en el Fondo Común Municipal, calificando como "una vergüenza" que la indicación fuera modificada "entre gallos y medianoche".
Frente a estas acusaciones, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió de manera tajante. El secretario de Estado señaló que la propuesta busca compensar todos los ingresos municipales y afirmó que, si los alcaldes prefieren no ser compensados, simplemente no se hará.
Finalmente, el senador Iván Flores (DC) criticó la gestión del ministro Quiroz, asegurando que su actuar es equivalente a intentar "apagar un incendio con un camión de bencina". Flores sugirió que la única salida viable ahora es recurrir a un veto, argumentando que insistir en la votación actual solo lograría mantener a más de la mitad de los municipios en un estado de conflicto.
