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El empresario maderero Jaime Armando Venturelli González y su hijo, Pablo Andrés Venturelli Gallegos, fueron sentenciados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco por los delitos de provocación o agravación de la insolvencia, en el marco del esquema de defraudación superior a los $5 mil millones que llevó a la quiebra de Maderas Jaime Venturelli y Cía. Ltda., afectando a 500 trabajadores, al Fisco y a una decena de acreedores.
Jaime Venturelli González recibió una pena de prisión menor en su grado mínimo, mientras que su hijo, Pablo Andrés Venturelli Gallegos, fue condenado bajo la misma pena por su cooperación en la provocación o agravación de la insolvencia. Las condenas para el padre consisten en tres penas de 541 días cada una, que serán sustituidas por libertad vigilada intensiva durante un total de 1.623 días. En el caso de Venturelli Gallegos, la sentencia incluye dos penas de 100 días cada una, que deberá cumplir con remisión condicional por un año.
La abogada querellante Javiera Venegas, representante de BancoEstado, destacó que, más allá de la cuantía de la pena, lo crucial reside en el trasfondo de la condena. Según Venegas, la decisión judicial establece una señal clara y necesaria respecto de los límites entre el riesgo propio de la actividad económica y el uso fraudulento de la insolvencia como mecanismo de elusión de responsabilidades . Subrayó que el derecho penal no sanciona la insolvencia en sí misma, sino su provocación o agravación fraudulenta.
El fallo, según la abogada, proyecta un precedente relevante en materia de criminalidad económica , advirtiendo que el sistema concursal no puede transformarse en un refugio para vaciar activos, perjudicar acreedores y desentenderse de obligaciones laborales .
El tribunal, integrado por los magistrados Priscilla Frantzen, Roberto Herrera y Wilfred Ziehlmann, determinó que la quiebra de la compañía, liquidada forzosamente en noviembre de 2019, fue intencionalmente agravada entre septiembre y octubre de ese mismo año. La descapitalización se originó principalmente en la enajenación de maquinaria pesada esencial para los procesos productivos, valuada en más de $2.870 millones.
Esta maquinaria fue vendida a Comercializadora y Distribuidora Sorellanza Limitada , una sociedad relacionada creada semanas antes por los hijos de Venturelli, con un capital de apenas $10 millones, a un plazo de 120 días. Venegas detalló que la venta de activos esenciales a una sociedad de reciente creación, vinculada familiarmente y con un capital social significativamente inferior, son hechos particularmente ilustrativos .
Además de esta maniobra, se sumó la absorción de una empresa relacionada con un cuantioso pasivo, sin contrapartida en activos, y el retiro de utilidades en montos elevados y no habituales en los meses previos a la liquidación. Esta absorción artificial implicó el traspaso de las deudas previsionales y laborales de cerca de 100 trabajadores a la empresa que ya se encontraba al borde de la quiebra. El esquema también generó un perjuicio fiscal directo estimado en $495 millones, derivado de impuestos y multas impagas por las facturas de la venta de maquinaria.
El Ministerio Público perició los movimientos financieros de la compañía de Venturelli por más de $17 mil millones, lo que permitió al fiscal Carlos Cornejo solicitar una pena de cinco años de reclusión, la cual fue ratificada por la justicia temuquense.
La sentencia se produce en un contexto de debate sobre la regulación de la insolvencia y la protección de los acreedores. Expertos en la materia sugieren que la medida tendrá un efecto acotado y piden avanzar en nuevas herramientas para fortalecer la franquicia.
En otras noticias económicas, se destaca la reciente aprobación del artículo 8 de la ley de propiedad intelectual, que permitirá a terceros utilizar grandes volúmenes de datos (texto, sonido e imagen) sin pagar derechos de autor, siempre y cuando la actividad no constituya una explotación encubierta de las obras protegidas .
Asimismo, la fusión de dos importantes oficinas jurídicas del país las posicionará entre las firmas más grandes en términos de número de profesionales, superando los 130 abogados.
Una iniciativa legislativa propone compensar a los titulares de derechos si se invalidan las resoluciones de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DINAPI), acotar las impugnaciones y reducir las adendas, lo que ha generado críticas por posibles restricciones al acceso a la justicia.
En el ámbito empresarial, se enfatiza la importancia de resguardar los conflictos de interés, el rol estratégico de los directores y su capacidad para enriquecer la discusión al interior de los directorios.
Finalmente, las utilidades del sistema financiero, que alcanzaron los $15.361 millones, fueron impulsadas por ingresos no operacionales, mientras que la operación principal continuó registrando pérdidas. Se realizaron eventos de educación financiera y asesorías personalizadas en Valdivia, enfocados en apoyar las decisiones de inversión en un escenario de incertidumbre económica y en plena Operación Renta.
