La elección del nuevo viceprefecto del Guayas, programada para este 22 de abril, definirá también quién ocupará la Prefectura tras la salida de Marcela Aguiñaga el 14 de mayo. El proceso, aunque legalmente respaldado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), ha generado un debate sobre la representación ciudadana y el diseño del sistema de reemplazos en los gobiernos provinciales.
La prefecta Aguiñaga presentó una terna integrada por Carlos Encalada Villacís, Ottón Lara Pincay y Gustavo Heinert Musello, todos con experiencia en el ámbito empresarial y técnico. El Consejo Provincial elegirá al nuevo viceprefecto, quien asumirá la Prefectura automáticamente. Analistas coinciden en que la norma actual es razonable cuando falta menos de un año para el fin del periodo, evitando elecciones innecesarias.
Sin embargo, la sucesión de renuncias primero la del viceprefecto Carlos Serrano y luego la anunciada de Aguiñaga crea un escenario inusual: el nuevo viceprefecto, designado sin voto popular, se convertirá en prefecto y deberá a su vez proponer una nueva terna para elegir a su sucesor. Esto resultará en que el periodo termine con dos autoridades no electas.
Abogados constitucionalistas como Carlos de Tomaso sostienen que este proceso es legal y no disminuye la legitimidad de las autoridades designadas, aunque reconocen que puede generar desconcierto en el electorado. Otros analistas, como Andrés Ortiz, advierten sobre un quiebre en la tradición política de la provincia, donde históricamente las autoridades han sido elegidas directamente.
El Consejo Provincial, compuesto por 33 miembros (la prefecta, alcaldes y representantes de juntas parroquiales), deberá construir consensos para la votación, considerando la diversidad de fuerzas políticas presentes. La decisión se limitará a la terna presentada, lo que implica acuerdos políticos para definir el nuevo liderazgo provincial.
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