La Cámara de Representantes de Uruguay analiza una propuesta para reformar la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (N 18.381), originalmente presentada por el Frente Amplio (FA). El proyecto busca ampliar el alcance de la ley y fortalecer los mecanismos de control sobre la información pública.
Una de las modificaciones clave es la inclusión de instituciones privadas que reciban, administren y/o utilicen fondos públicos o bienes del Estado como sujetos obligados a proporcionar información. Actualmente, la ley se limita a organismos públicos. Además, se busca limitar la discrecionalidad de los organismos públicos al declarar información como confidencial o reservada, exigiendo un informe previo y favorable de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
El diputado Claudio Arbesún, del FA, explicó que la Unidad de Acceso a la Información Pública tendrá la potestad de ordenar la desclasificación de información que haya sido calificada como reservada sin su consentimiento. Asimismo, se establece que los organismos deben demostrar haber agotado todos los mecanismos para obtener la información solicitada, en caso de no poseerla inicialmente, y se reducen los plazos de prórroga para responder a las solicitudes.
La Comisión Especial de Lavado de Activos citó al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para el 21 de mayo, a fin de discutir el proyecto. Si bien la oposición muestra disposición a avanzar con la iniciativa, han surgido cuestionamientos. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, criticó la amplitud de la definición de instituciones privadas obligadas a cumplir con la ley, mientras que Gustavo Salle, de Identidad Soberana, expresó dudas sobre la viabilidad de exigir a los organismos demostrar que han agotado todos los recursos para obtener información.
El debate continúa en la comisión, donde se espera abordar las objeciones planteadas y avanzar en la redacción final del proyecto. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
