El Congreso aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, a pesar de las fuertes críticas a su efectividad y diseño. La prórroga, que continúa una política iniciada en el gobierno anterior, fue aprobada con 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones en la Cámara de Diputados, y con 32 votos a favor y dos en contra en el Senado.
La votación estuvo marcada por duras acusaciones al gobierno del Presidente José Antonio Kast. La diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, fue particularmente crítica, afirmando que los militares están parados como palitroques en las carreteras y acusando al gobierno de generar una falsa sensación de seguridad . Naveillán, exmilitante del Partido Republicano, denunció la falta de planificación y resultados concretos en el control territorial de la Macrozona Sur.
El ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió la gestión, solicitando prudencia y señalando que la violencia en la región tiene raíces históricas que se remontan a 1997. Argumentó que se han logrado avances en los últimos años gracias a acciones coordinadas, aunque reconoció que el gobierno lleva menos de 30 días hábiles en el cargo y que no se pueden esperar resultados inmediatos.
Otros parlamentarios, como José Montalva (PPD), instaron a replantear la estrategia y a enfocarse en un abordaje preventivo de la violencia rural y el crimen organizado. Desde el sector agrícola, líderes como Sebastián Naveillán, de la Asociación de Agricultores Malleco A.G., expresaron su frustración por la falta de cambios reales y demandaron mayor autoridad y libertad de acción para los militares. Antonio Soto, presidente de Corma, destacó la persistencia de la violencia rural, los ataques a trabajadores y la impunidad.
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