La comisión parlamentaria investigando el caso Cardama se encuentra enredada en un debate sobre el alcance de la confidencialidad de la información proporcionada por el Poder Ejecutivo. La oposición teme que las restricciones impuestas impidan un análisis público y transparente del proceso de selección de los astilleros y la posterior rescisión del contrato con la empresa española.
El gobierno argumenta que la documentación, incluyendo legajos de oficiales enviados a Vigo y comunicaciones con Cardama, está protegida por una cláusula de confidencialidad del contrato original. Parlamentarios de la oposición, como Pablo Abdala, advierten que esta postura podría invalidar el propósito de la comisión y exponer a sus miembros a sanciones constitucionales por revelar información reservada. Abdala calificó la situación como ilegal y denunció que el gobierno está enviando información pero prohibiendo cualquier comentario al respecto.
El diputado frenteamplista Joaquín Garlo defendió la decisión ministerial, afirmando que busca priorizar la transparencia y la reserva del contrato. Sin embargo, la oposición argumenta que la declaración de confidencialidad debe ser definida por una resolución del Poder Ejecutivo, no de forma genérica sobre toda la documentación.
El presidente de la comisión, José Luis Falero, se mostró preocupado y anunció que consultará con el área jurídica para evaluar las respuestas del gobierno y evitar posibles errores.
En otra decisión, la comisión votó la convocatoria del ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, quien fue sancionado por brindar un informe falso sobre las negociaciones con Cardama. La oposición reclamó acceso a más información antes de la citación, lo que generó nuevas tensiones con el Frente Amplio. El senador Eduardo Brenta aseguró que ya se dispone del 90% de la información relevante, incluyendo investigaciones administrativas del Banco República y del Ministerio de Economía.
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