La Corte Constitucional de Ecuador aprobó la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa, abriendo un debate sobre quién debe designar a las autoridades clave del país. La decisión, emitida el 16 de abril y difundida este martes 21 de abril de 2026, permite al Ejecutivo avanzar en su plan para trasladar la competencia de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a la Asamblea Nacional, donde actualmente el oficialismo cuenta con la mayoría.
Actualmente, el CPCCS, compuesto por siete miembros elegidos popularmente, es responsable de la designación del fiscal general, los vocales del Consejo de la Judicatura y el contralor general del Estado. La propuesta de Noboa busca modificar este esquema, implementando criterios de idoneidad, experiencia y conocimiento para la selección de estas figuras desde el Legislativo.
La iniciativa, presentada en septiembre pasado, recibió observaciones iniciales de la Corte, que exigió modificaciones en los anexos de la pregunta planteada para el referéndum en marzo. Tras realizar los ajustes solicitados, el Ejecutivo presentó el contenido revisado, obteniendo finalmente el aval constitucional.
La Corte enfatizó que tanto el presidente como el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben cumplir con las condiciones establecidas en su dictamen. Con esta aprobación, Noboa podrá emitir un decreto ejecutivo para convocar al referéndum, que podría coincidir con las elecciones locales programadas para el 29 de noviembre de 2027, fecha en la que también se elegirán los nuevos consejeros del CPCCS.
El adelantamiento de las elecciones locales, inicialmente previstas para febrero de 2027, añade un componente político adicional a la discusión, ya que el resultado del referéndum podría reconfigurar el panorama de poder en el país. La decisión de la Corte Constitucional marca un paso crucial en la estrategia del gobierno de Noboa para fortalecer el control del Ejecutivo sobre las instituciones clave del Estado.
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