La percepción sobre la calidad del servicio de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia ha experimentado un deterioro significativo, alcanzando niveles no vistos desde 2018. Según un reciente sondeo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 17% de los ciudadanos califica el servicio como “malo o muy malo”, casi duplicando el 9,5% registrado en 2020, en pleno auge de la pandemia de COVID-19. Paralelamente, la percepción positiva, es decir, aquellos que consideran el servicio “bueno o muy bueno”, ha caído a su punto más bajo, situándose en 81,9%, contrastando con el 89% observado en 2020.
Este descenso en la satisfacción ciudadana se concentra especialmente en regiones como Nariño, Vichada, Cauca, Chocó y Putumayo, donde las tasas de insatisfacción son más elevadas. En contraposición, departamentos como La Guajira, Amazonas y Atlántico lideran la percepción favorable del servicio de las EPS. A pesar de este panorama desfavorable, la cobertura del sistema de salud en Colombia sigue siendo alta, con un 97,2% de la población afiliada. Sin embargo, persisten desigualdades significativas entre el régimen contributivo y el subsidiado, especialmente en las zonas más apartadas del país.
El informe del Dane también revela cambios sociales relevantes que impactan en el contexto de la salud. Se observa una tendencia hacia hogares más pequeños, un aumento de hogares unipersonales y una mayor proporción de mujeres como jefas de hogar. En el ámbito económico, la proporción de personas que se consideran pobres ha disminuido, aunque persisten brechas de género en esta percepción. A pesar de las dificultades en el acceso a la salud, la mayoría de los colombianos se sienten seguros en su entorno y reportan un nivel de satisfacción con la vida de 8,2 sobre 10.
Las EPS desempeñan un papel crucial en el sistema de salud colombiano, siendo las encargadas de afiliar a los ciudadanos y garantizar la prestación de servicios médicos incluidos en el plan de beneficios. Forman parte integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud y actúan como intermediarias entre los usuarios y las instituciones prestadoras de servicios de salud, como hospitales, clínicas y laboratorios. Su función principal es gestionar el acceso a la atención médica, lo que implica registrar a los afiliados, recaudar y administrar los aportes (en el régimen contributivo) o recibir recursos del Estado (en el régimen subsidiado), y coordinar la atención de los pacientes a través de una red de prestadores.
Las EPS autorizan consultas, exámenes, tratamientos y procedimientos, asegurando que se brinden de manera oportuna y dentro de las coberturas definidas por la ley. Existen dos tipos de afiliación: el régimen contributivo, destinado a personas con capacidad de pago (trabajadores y empleadores), y el régimen subsidiado, dirigido a la población vulnerable financiada por el Estado. Además, las EPS tienen la responsabilidad de promover la prevención de enfermedades, el control de riesgos en salud y el seguimiento de los pacientes. También son responsables de la calidad del servicio y de garantizar la continuidad en la atención, aunque han sido objeto de críticas recurrentes por fallas en la oportunidad y el acceso a los servicios.
En un contexto de creciente preocupación por la situación de las EPS, el presidente Gustavo Petro ha ordenado la liquidación de aquellas entidades que se encuentren en quiebra, a pocos meses de finalizar su mandato. Si bien no ha profundizado en los detalles de cómo se llevará a cabo este proceso, varias EPS se encuentran en estado de alerta debido a intervenciones gubernamentales. Por el momento, no se ha especificado cuáles serán liquidadas, pero esta medida obligará a un gran número de personas a ser trasladadas a otras EPS, generando incertidumbre y posibles complicaciones en la continuidad de la atención médica.
La situación actual de las EPS en Colombia plantea desafíos significativos para el sistema de salud y exige una atención urgente por parte de las autoridades competentes. La insatisfacción ciudadana en aumento, las desigualdades en el acceso a los servicios y la inestabilidad financiera de algunas entidades ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y el derecho fundamental a la salud de los colombianos. La liquidación de las EPS en quiebra, ordenada por el presidente Petro, podría ser un primer paso hacia una reestructuración del sistema, pero es crucial que se implemente de manera cuidadosa y transparente para evitar mayores perjuicios a la población.
El futuro del sistema de salud colombiano dependerá de la capacidad de las autoridades para abordar estos desafíos de manera efectiva y garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios médicos para todos los ciudadanos. La transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana serán elementos clave para construir un sistema de salud más justo y sostenible en el largo plazo. La situación actual exige un debate profundo y constructivo sobre el modelo de salud en Colombia, con el objetivo de identificar las mejores soluciones para garantizar el bienestar de la población y el cumplimiento del derecho fundamental a la salud.
