En los últimos cinco años, las finanzas públicas de Guatemala han reorientado al menos Q5 mil millones para subsidiar el consumo de gasolinas, diésel y propano, como respuesta al incremento sostenido del precio internacional del petróleo y sus derivados. Esta situación, que afecta a escala global, ha llevado a intervenciones gubernamentales para mitigar el impacto en los consumidores guatemaltecos.
El Congreso de la República autorizó en 2022 un apoyo inicial de Q2 mil 523 millones, que finalmente ascendió a Q3 mil 300 millones, otorgando subsidios de Q7 por galón de diésel, Q5 para gasolinas super y regular, y Q0.80 por libra de gas licuado de petróleo. Más recientemente, en 2026, se aprobó un nuevo subsidio de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas, por un monto total de Q2 mil millones, con una vigencia prevista del 1 de enero al 31 de julio del presente año.
Si bien los subsidios representan una medida para aliviar la carga económica de los consumidores, expertos en investigación económica advierten sobre su costo fiscal y la falta de un diseño técnico efectivo para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Representantes de centros de investigación económica consultados coinciden en que, en la práctica, los programas de apoyo estatal a menudo carecen de la focalización necesaria.
Estos subsidios se distinguen de otros programas de apoyo a la tarifa de energía eléctrica o a la tarifa social, que se enfocan en el consumo del suministro eléctrico. Los casos conocidos de subvenciones directas a diésel y gasolinas son los mencionados anteriormente.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), enfatizan la importancia de analizar la historia de los subsidios desde diversas perspectivas. Ambos coinciden en que estas medidas deben ser temporales, fundamentadas en análisis técnicos para medir su eficacia y evitar responder a intereses políticos o electorales.
Los expertos señalan que un subsidio generalizado no necesariamente beneficia a las personas más vulnerables, sino que también alcanza a individuos con mayor capacidad económica. Barrientos ejemplifica que propietarios de vehículos de alta gama también se benefician de estos apoyos, a pesar de no requerirlos. Ahí el subsidio pierde efectividad, porque lo reciben personas que no lo necesitan , afirma.
En el caso del diésel, cuyo consumo se concentra en vehículos de transporte de carga, comercial y de personas, se considera crucial asegurar que el subsidio llegue a estos sectores específicos. Este debate sobre la efectividad del programa, basado en su diseño, es fundamental.
Barrientos y Maul coinciden en que los subsidios deben ser temporales, basados en un registro único de beneficiarios y entregados directamente a los hogares. Sin embargo, señalan que Guatemala carece de un registro de beneficiarios o de hogares que cumplan con el perfil socioeconómico adecuado para recibir estos apoyos. Por lo tanto, se opta por un subsidio generalizado, asumiendo que habrá fallas y apostando a un efecto de atarrayazo .
Maul advierte que este diseño técnico puede generar inefectividad y abrir la puerta al abuso y la corrupción. Propone la entrega de subsidios a través de la factura electrónica en línea (FEL), ya que esta permite detallar la información y facilitar la aplicación del apoyo.
La problemática se agrava al considerar que, al final, se termina distribuyendo dinero o beneficios a personas que no los necesitan. Maul explica que el aumento de los precios no desaparece con el subsidio, sino que alguien más debe pagarlo. Por ello, el alza del precio del petróleo debería incentivar el ahorro y la eficiencia en el consumo.
En lugar de enmascarar el ajuste necesario, el subsidio generalizado beneficia más a quienes más consumen. Maul ejemplifica que un repartidor en motocicleta, que consume uno o dos galones diarios, se beneficia menos que el propietario de un vehículo de alta motorización, que puede consumir hasta 20 galones por día.
La implementación de un sistema individualizado de apoyo es compleja. Maul sugiere la entrega de bonos canjeables por gasolina o transferencias directas a los hogares, aunque reconoce que estos mecanismos requieren tiempo para su implementación.
Otro aspecto fundamental es la dificultad para desmontar estos subsidios una vez implementados. Los analistas temen que, si los precios del petróleo se mantienen altos y coinciden con un año electoral, los incentivos en el Congreso no estén alineados para retirar el subsidio, prolongando su vigencia más allá de lo necesario. Maul advierte que esta situación es común en muchos países y puede extenderse por años.
En resumen, los subsidios a los combustibles en Guatemala representan una medida costosa y con una efectividad cuestionable. La falta de un diseño técnico adecuado y la ausencia de un registro de beneficiarios dificultan la focalización de los apoyos, lo que resulta en una distribución ineficiente de los recursos públicos y un riesgo de perpetuación de la medida, especialmente en contextos electorales. La necesidad de un análisis técnico riguroso y la implementación de mecanismos de focalización son cruciales para garantizar que los subsidios beneficien a quienes realmente los necesitan y contribuyan a una gestión fiscal responsable.
