Panamá ha dado un paso significativo en su desarrollo institucional al firmar un memorando de entendimiento con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta acción impulsa al país hacia la adopción de políticas públicas más eficientes, con el objetivo de consolidar un crecimiento económico inclusivo que beneficie a todos los panameños. La iniciativa no se limita a mejorar las cifras financieras, sino que también abarca la calidad de la educación, la acción climática y la lucha contra la evasión fiscal a nivel internacional.
Para lograr estos ambiciosos objetivos, Panamá se compromete a participar activamente en los programas, evaluaciones y revisiones técnicas que ofrece la OCDE, adoptando los estándares globales que facilitarán su eventual integración como miembro pleno de la organización. Este proceso es fundamental para posicionar a Panamá en una trayectoria de crecimiento sostenible y equitativo, generando empleos y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderará este proceso de acercamiento estratégico, coordinando técnicamente a todas las carteras estatales involucradas. En esta tarea transversal, el MEF colaborará estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores para asegurar que la transición se alinee con la política exterior del Estado.
Para supervisar la ejecución de todas las acciones derivadas de este proceso, el Órgano Ejecutivo ha establecido el Comité Ministerial de Alto Nivel. Este comité, presidido y coordinado técnicamente por el MEF, está integrado por los titulares de la Cancillería y el Ministerio de la Presidencia.
En el contexto de las revisiones del sistema tributario nacional, es crucial considerar las recomendaciones del Comité de Asuntos Fiscales (CFA) de la OCDE. Estas directrices, que abarcan tanto la tributación directa como la indirecta, no solo mejoran la eficiencia en la recaudación de impuestos, sino que también fortalecen la capacidad del Estado para cumplir con su contrato social.
Las tendencias fiscales globales, impulsadas por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas, están marcando el ritmo de las reformas actuales. La digitalización de la economía, junto con la creciente demanda ciudadana por transparencia, obligará al Gobierno a replantear el modelo tributario para adaptarlo a los nuevos paradigmas de imposición del siglo XXI.
Un elemento clave en la hoja de ruta será la implementación del enfoque Side-by-Side, que permitirá la convivencia armonizada del Impuesto Mínimo Global (Pilar Dos). Este impuesto establece una tasa efectiva del 15% por jurisdicción para grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Esta medida, combinada con las reformas en precios de transferencia y otros pilares del proyecto BEPS, transformará el sistema tributario nacional al incorporar criterios de sustancia económica en su estructura.
El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la OCDE, destaca la urgencia de estos cambios. En Panamá, el Impuesto sobre la Renta de los asalariados representa la mayor parte de la recaudación; sin embargo, la presión fiscal se sitúa en un 11.9% del PIB, una cifra significativamente inferior al promedio regional de 21.3% y al 33.9% de los países miembros de la OCDE.
Las recomendaciones del CFA de la OCDE son un referente esencial para la hoja de ruta fiscal del país. No obstante, la modernización del sistema tributario debe ser un proceso de adaptación estratégica, no una simple adopción de estándares internacionales. Al comparar los estándares internacionales con la competitividad fiscal en un contexto global fragmentado, Panamá asegura no solo el cumplimiento de sus compromisos internacionales, sino también la creación de un sistema fiscal robusto, justo y diseñado para promover un crecimiento inclusivo.
El proceso de modernización fiscal busca equilibrar el cumplimiento de las obligaciones internacionales con la necesidad de mantener la competitividad de Panamá como centro de negocios y atracción de inversión. La implementación del Impuesto Mínimo Global, por ejemplo, se realizará de manera gradual y coordinada, teniendo en cuenta las particularidades de la economía panameña.
El MEF, en su rol de coordinador, trabajará en estrecha colaboración con el sector privado y la sociedad civil para asegurar que las reformas fiscales sean transparentes, participativas y respondan a las necesidades del país. Se realizarán consultas públicas y se buscará el consenso en torno a las medidas que se implementen.
La firma del memorando de entendimiento con la OCDE representa un compromiso a largo plazo con la modernización y la transparencia. Panamá se une a un grupo selecto de países que buscan mejorar sus políticas públicas y fortalecer sus instituciones para construir un futuro más próspero y equitativo para todos sus ciudadanos. El éxito de este proceso dependerá de la voluntad política, la coordinación interinstitucional y la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
