El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker T rk, expresó su preocupación por la violencia e impunidad en México durante una reunión a puerta cerrada con senadores de todos los grupos parlamentarios. La reunión, que duró poco más de una hora, se centró en la alarmante situación de las desapariciones forzadas en el país, generando un debate polarizado entre oficialistas y opositores.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), describió la reunión como un diálogo franco donde se reconoció la sensibilidad del tema de las desapariciones forzadas en México. Mier informó que se entregaron al Alto Comisionado las carpetas de las diversas reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, incluyendo la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, y otras 26 reformas legales, incluyendo dos constitucionales, con el objetivo de abordar este problema que afecta a numerosas familias mexicanas.
El senador Mier Velazco aclaró al Alto Comisionado la definición de desaparición forzada según la legislación mexicana, enfatizando que se refiere al arresto, detención, secuestro o cualquier forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado, con la autorización o anuencia de las autoridades. Mier negó rotundamente que la desaparición forzada sea una práctica o vocación del gobierno mexicano actual.
Mier subrayó la importancia de la interpretación del término aquiescencia , argumentando que en México no existe una facilitación o promoción de las desapariciones forzadas por parte del Estado. Señaló que la aquiescencia implica la posibilidad de facilitar acciones, algo que, según él, no está ocurriendo en México. Además, insistió en que no se trata de una actitud sistemática y generalizada por parte del Estado mexicano.
El legislador morenista argumentó que el problema de las desapariciones en México tiene raíces estructurales que se remontan a décadas atrás, y que la negación sistemática de este problema en el pasado podría haber generado una interpretación de aquiescencia por parte de las autoridades. Sin embargo, afirmó que en los últimos nueve años, el gobierno mexicano y los poderes de la Unión han estado trabajando para erradicar este flagelo.
Volker T rk, según Mier, respondió que el informe sobre las desapariciones forzadas fue elaborado por un organismo independiente de expertos que carecían de autonomía técnica y que sería revisado.
Alejandro Murat Hinojosa, senador de Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que el Alto Comisionado expresó su preocupación por los altos niveles de impunidad en México. Sin embargo, los senadores del bloque oficialista le explicaron que esta impunidad está relacionada con el desempeño del Poder Judicial durante más de 20 años, que, según ellos, defendió a los delincuentes en lugar de a las víctimas.
Por otro lado, Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN en el Senado, celebró que la voz de la oposición haya sido escuchada por el Alto Comisionado, quien, según Anaya, no cedió un milímetro y no descalificó el informe del Comité de la ONU.
Anaya criticó la postura del oficialismo, que, según él, negó la existencia de desapariciones forzadas en México y repitió argumentos ya conocidos. Destacó que el Alto Comisionado escuchó tanto al oficialismo como a la oposición, permitiendo a los senadores opositores expresar su apoyo al informe del comité de la ONU y señalar la contundencia de las cifras.
El senador panista expuso que el problema de las desapariciones ha ido en aumento en los últimos sexenios: de ocho personas desaparecidas por día en el gobierno de Calderón a 15 en el de Peña Nieto, 25 en el de López Obrador, y un máximo histórico de 34 personas desaparecidas diariamente en la actual administración.
Anaya afirmó que el Alto Comisionado respaldó al comité de expertos y realizó un llamado a la apertura, instando al oficialismo a considerar las opiniones sobre la situación en el país.
Pablo Angulo, senador del PRI, entregó a Volker T rk una carta en la que expuso la enorme crisis de desapariciones que vive nuestro país, con más de 133 mil personas desaparecidas .
La reunión con el Alto Comisionado de la ONU pone de manifiesto la profunda división en el Senado mexicano sobre el tema de las desapariciones forzadas y la impunidad. Mientras que el oficialismo defiende las acciones del gobierno actual y cuestiona la interpretación del término aquiescencia , la oposición insiste en la gravedad de la situación y la necesidad de reconocer las cifras y las conclusiones del informe del comité de la ONU. El futuro de las investigaciones y las políticas públicas en materia de desapariciones forzadas en México dependerá, en gran medida, de la capacidad de los diferentes actores políticos para encontrar un terreno común y abordar este problema de manera efectiva.
