Santiago, Chile La comisión de Gobierno del Senado aprobó este martes, con un ajustado resultado de 3 votos en contra y 2 a favor, el proyecto que busca modificar la ley de migración para tipificar como delito el ingreso clandestino al país. La aprobación se dio con un informe negativo, lo que refleja las fuertes dudas sobre su eficacia y los altos costos asociados a su implementación. La votación ha generado un intenso debate sobre la política migratoria chilena y la capacidad del Estado para hacerla cumplir.
El proyecto de ley, que modifica la ley N 21.325, de migración y extranjería, busca penalizar a quienes ingresen al territorio nacional sin cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, la iniciativa ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores, incluyendo académicos, el Poder Judicial y la propia Policía de Investigaciones (PDI).
La senadora Danisa Astudillo, presidenta de la comisión, explicó que el debate fue arduo y que la mayoría de los expositores se mostraron adversos al proyecto. Recibimos a una cantidad importante y diversa de exponentes académicos del Estado; el Poder Judicial mandó sus recomendaciones y todas las recomendaciones que recibimos eran adversas a este proyecto porque era ineficiente, extremadamente caro, no cumplía con el objetivo de disuadir , declaró la senadora.
Uno de los principales argumentos en contra del proyecto es la dificultad de implementar la deportación de extranjeros que no son recibidos por sus países de origen. La senadora Astudillo señaló que actualmente existen alrededor de 6 mil venezolanos con decretos de expulsión que no pueden ser ejecutados debido a que Venezuela se niega a recibirlos. Y, por lo tanto, todos los expositores, la PDI y todos los que llegaron a esta instancia no recomendaban el penalizar el ingreso irregular por nuestra frontera. Incluso, se habló de inconstitucionalidad, y, por lo tanto, la votación fue 3/2. El proyecto se rechazó, pero, de todas maneras, pasa a Sala , agregó.
La PDI, por su parte, advirtió que la medida podría ser eficiente solo si se aplican los recursos adecuados. Esto implica una mayor inversión en personal, infraestructura y tecnología para controlar las fronteras y llevar a cabo las detenciones y deportaciones. Sin embargo, la falta de recursos ha sido un problema constante en la gestión migratoria chilena.
Los senadores que votaron en contra del proyecto argumentaron que la penalización del ingreso clandestino no es la solución al problema migratorio. En su lugar, propusieron fortalecer los mecanismos de control fronterizo, mejorar la gestión de los permisos de residencia y abordar las causas de la migración irregular.
El senador Esteban Velásquez, uno de los detractores del proyecto, señaló que la medida podría generar un aumento de la migración irregular, ya que las personas que ingresen al país de forma clandestina podrían verse obligadas a ocultarse y evitar cualquier contacto con las autoridades.
El senador Juan Castro, por su parte, argumentó que la penalización del ingreso clandestino podría afectar los derechos humanos de los migrantes, especialmente de aquellos que huyen de situaciones de violencia o persecución en sus países de origen.
Los senadores que votaron a favor del proyecto, Renzo Trizotti y Miguel Ángel Becker, defendieron la necesidad de establecer sanciones para quienes ingresen al país de forma ilegal. Argumentaron que la falta de control fronterizo y la impunidad fomentan la migración irregular y ponen en riesgo la seguridad nacional.
A pesar del informe negativo, el proyecto de ley pasará a la Sala de la Cámara Alta, donde será discutido y votado por todos los senadores. Se espera que el debate sea aún más intenso, ya que la política migratoria es un tema sensible y polarizador en la sociedad chilena.
La aprobación del proyecto en la comisión de Gobierno del Senado ha generado reacciones diversas en el ámbito político y social. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto que la medida podría tener en los migrantes, mientras que sectores más conservadores han celebrado la iniciativa como un paso necesario para controlar la migración irregular.
El gobierno del Presidente Gabriel Boric aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el proyecto de ley. Sin embargo, se espera que el Ejecutivo presente su postura en los próximos días, una vez que el proyecto sea debatido en la Sala del Senado.
La discusión sobre la política migratoria en Chile se da en un contexto de creciente flujo migratorio hacia el país, principalmente desde Venezuela, Haití y Perú. En los últimos años, Chile ha experimentado un aumento significativo en el número de migrantes, lo que ha generado tensiones sociales y económicas.
El gobierno ha implementado diversas medidas para abordar el problema migratorio, incluyendo la creación de un programa de regularización migratoria y el fortalecimiento de los controles fronterizos. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para contener el flujo migratorio y resolver los problemas asociados a la migración irregular.
La aprobación del proyecto de ley en la comisión de Gobierno del Senado es un reflejo de la creciente preocupación por la situación migratoria en Chile y la necesidad de encontrar soluciones efectivas para abordar este desafío. Sin embargo, la falta de consenso sobre la mejor manera de abordar el problema migratorio sugiere que la discusión sobre la política migratoria en Chile continuará siendo intensa y polarizada en los próximos meses.
