Juntos por el Perú (JPP), el partido político que postula a Roberto Sánchez como candidato presidencial, ha expresado su fuerte rechazo a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de aceptar la renuncia de Piero Corvetto a su cargo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La agrupación considera que esta medida, tomada en plena recta final del proceso electoral 2026, podría ser un intento de desestabilizar las elecciones y favorecer una narrativa de fraude promovida por partidos de la oposición.
A través de un comunicado oficial, JPP calificó la decisión de la JNJ como ilegal y advirtió que podría fortalecer las acusaciones de fraude electoral impulsadas por Fuerza Popular y Renovación Popular, partidos vinculados a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, respectivamente. El partido teme que esta situación sea utilizada para justificar un boicot a los resultados electorales y socavar la confianza en el sistema democrático.
Esta determinación configura una acción mediática perversa, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa de fraude, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular, y cuyo objetivo sería controlar el sistema electoral para promover un boicot a los resultados del proceso electoral , señala el comunicado de Juntos por el Perú.
Ante esta situación, JPP ha anunciado la convocatoria a una marcha ciudadana en defensa de la institucionalidad democrática. Los detalles sobre la fecha, hora y lugar de la movilización serán anunciados en las próximas horas, según informaron representantes del partido. El objetivo de la marcha es exigir a las instituciones electorales que garanticen el normal desarrollo del proceso y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
La controversia surge en un momento delicado, tras los cuestionamientos por problemas logísticos y operativos registrados durante las elecciones del 12 de abril en diversos distritos de Lima Metropolitana. Estos problemas generaron críticas y llamados a una revisión del proceso electoral. Sin embargo, JPP se opone a la posibilidad de realizar elecciones complementarias en Lima, argumentando que no existe un marco legal que lo sustente.
El abogado del partido, Roy Mendoza, fue enfático al respecto: Nosotros hemos sido enfáticos frente a estos pedidos informales. No existe un marco legal para solicitar elecciones complementarias. Las elecciones se realizaron los días 12 y 13 de abril, y nuestra legislación vigente no ofrece sustento jurídico para este tipo de solicitudes. Invocamos a que el Jurado Nacional de Elecciones actúe conforme a lo que establece la ley .
En la misma línea, Anahí Durand, candidata al Senado por Juntos por el Perú, calificó las propuestas de elecciones complementarias como ilegales y las atribuyó a una estrategia política destinada a debilitar la legitimidad del proceso electoral. Durand argumenta que estas propuestas buscan generar dudas sobre la transparencia de las elecciones y deslegitimar los resultados.
Juntos por el Perú ha expresado su preocupación por la incertidumbre que genera el cambio en la conducción de la ONPE, especialmente en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial. El partido teme que esta situación ponga en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y dificulte la realización de elecciones transparentes y justas.
Ante este escenario, JPP ha exhortado a los observadores internacionales a mantenerse atentos a los acontecimientos registrados durante el conteo oficial de votos y en el sistema electoral. El partido considera que la presencia de observadores internacionales es fundamental para garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso electoral.
La renuncia de Piero Corvetto y la aceptación de la misma por parte de la JNJ han generado un debate sobre la estabilidad del sistema electoral peruano y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la integridad de los procesos electorales. Juntos por el Perú ha advertido que cualquier intento de desestabilizar las elecciones tendrá consecuencias negativas para la democracia y la gobernabilidad del país.
El partido ha reafirmado su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y ha anunciado que continuará trabajando para garantizar que las elecciones se realicen en un clima de transparencia y respeto a la voluntad popular. La marcha ciudadana convocada por JPP busca movilizar a la ciudadanía en defensa de la democracia y exigir a las autoridades que actúen con responsabilidad y transparencia en el proceso electoral.
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro del proceso electoral 2026 y la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la estabilidad política y la gobernabilidad del país. Juntos por el Perú ha advertido que no permitirá que se ponga en riesgo la voluntad popular y ha anunciado que tomará todas las medidas necesarias para defender la democracia.
